Una ONG brasileña reclama que Agostina Páez debería cumplir una pena más severa. La argentina acusada de racismo en Río de Janeiro logró volver a la Argentina tras pagar una fianza de 18.500 dólares, pero la causa aún no está cerrada.
La presentación del organismo podría complicar la situación de la abogada santiagueña, que solicita una pena mayor y una reparación “a la sociedad brasileña”.
La joven estuvo 75 días detenida en el país vecino por hacer gestos discriminatorios a los empleados de un bar en Ipanema, mientras pasaba unas vacaciones con amigas. En un principio, la Justicia no consideraba su vuelta a Argentina, pero luego de pagar una elevada suma, pudo dejar Brasil.
De todos modos, la calma no llegó con eso. Su padre, Mariano Páez, se vio envuelto en una serie de declaraciones y gestos igualmente discriminatorios, por lo que la lupa volvió a estar sobre Agostina.
Los videos en los que se ve a su padre haciendo los mismos gestos que ella en un bar de Santiago del Estero no tardaron en viralizarse. Él negó su actuación y dijo que no entendía “tanta maldad y odio de la gente”. “No sé cómo lo hicieron. ¿Si lo hicieron con inteligencia artificial? Yo creo que sí”, sostuvo.
La presentación de la CEAP
El Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP), una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro “de carácter cultural, educativo, social y de asistencia social”, integrada por miembros de la comunidad afrodescendiente y de colectivos feministas, reclama que la pena fue baja.
La ONG cuestionó la decisión del juez Guilherme Duarte. Carlos Nicodemos, abogado de CEAP, explicó que el objetivo es que haya “una indemnización por el daño moral a la víctima, pero también una reparación colectiva a la sociedad brasileña”, según declaraciones que recopiló La Nación.
La argentina tendría que hacer un resarcimiento de 39.000 dólares, equivalentes a 120 salarios mínimos, para las víctimas. Sin embargo, la organización reclama que se eleve ese monto y que el dinero sea utilizado para proyectos sociales con participación de Argentina y Brasil.
Basados en los gestos del padre, sumados a los de la propia Agostina, CEAP consideró que la injuria racista fue una conducta surgida de su familia.
Antes de la sentencia definitiva, la Justicia debe definir si acepta la incorporación de CEAP como amicus curiae. Mientras tanto, continúa la fase de alegatos, que tanto Páez como su equipo de abogados siguen desde Argentina.
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