La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a arrojar sus primeras conclusiones preliminares tras el fin del secreto de sumario. Según confirmaron fuentes judiciales, se detectaron irregularidades, posibles sobreprecios y direccionamiento en las contrataciones, con especial atención en los vínculos comerciales entre el organismo estatal y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker.
Bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, los investigadores revisan la prueba recolectada y ya cuentan con indicios de compras por encima del valor de mercado. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y una auditoría interna del Gobierno también realizan evaluaciones técnicas de los contratos, mientras se espera un informe preliminar el mes próximo.
En paralelo, los peritos avanzan en un doble análisis manual y automatizado de la evidencia recolectada, que incluye documentación en papel, archivos digitales y correos electrónicos. La investigación también espera el desbloqueo del servidor de Suizo Argentina, un procedimiento técnico de alta complejidad que podría demorar varios días.
Uno de los puntos críticos del expediente es el acceso a los celulares de los hermanos Kovalivker, considerado clave para confirmar si existió un esquema de retorno de dinero a cambio de adjudicaciones con sobreprecios. Sin ese material, los investigadores aún no pueden reconstruir en detalle el circuito de pagos y posibles responsabilidades.
Los Kovalivker, el clan detrás de las coimas
En paralelo, crece la incertidumbre sobre la situación de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, quien sigue sin abogado tras la renuncia de sus defensores y podría presentarse como imputado colaborador. En su domicilio y caja de seguridad se hallaron 80 mil dólares y 2000 euros en efectivo, a pesar de que al asumir había declarado un patrimonio de apenas 25 mil dólares.
Si bien el teléfono de Daniel Garbellini -exnúmero dos de la ANDIS- no arrojó información relevante, la Justicia analiza los registros de ingresos a los barrios privados donde residían Garbellini y Spagnuolo para identificar posibles reuniones con empresarios y funcionarios.
Con el secreto de sumario ya levantado, la causa entra en una fase de revisión profunda. Las definiciones que surjan de los peritajes podrían escalar políticamente, ya que el expediente involucra al círculo más estrecho del gobierno de Javier Milei.
Los hermanos Kovalivker, en tanto, insisten en la legalidad de sus contratos y han solicitado la nulidad de la causa. El avance de la investigación podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Poder Judicial y la administración libertaria, en medio de un clima político ya tensionado.
GD/MU
