El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó este miércoles más de 30 medidas de prueba en la causa que investiga por presunto lavado de dinero la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar, una propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Se trata de las primeras decisiones de fondo del magistrado desde que asumió la competencia del expediente.
Según informaron fuentes judiciales a Clarín, el juez dispuso 30 órdenes de presentación con pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas, además del envío de cuatro oficios y la realización de tres pericias sobre documentación ya incorporada a la causa. El trabajo fue asignado a ocho dependencias de las cuatro fuerzas federales que dependen del gobierno nacional de Javier Milei.
Las medidas apuntan a reconstruir el entramado patrimonial alrededor de la propiedad ubicada en el country Ayres del Pilar, otras viviendas del mismo complejo y distintos vehículos vinculados a la investigación. Formalmente, los bienes están a nombre de la firma Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una mujer jubilada.
La hipótesis central de la causa sostiene que ambos actuarían como presuntos testaferros, ya que —según la investigación— ninguno de los dos tendría capacidad económica declarada para haber adquirido ese patrimonio. En resoluciones previas, el juez Marcelo Aguinsky, quien inicialmente tuvo la causa, había planteado como línea principal que la propiedad pudo haber sido comprada con fondos provenientes de la AFA.
En ese marco, el expediente ya había avanzado sobre la figura del presunto delito precedente del lavado: administración fraudulenta, tipificada en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal, en perjuicio de la AFA y presuntamente ejecutada a través de directivos de la entidad.
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Las pruebas recolectadas hasta ahora apuntan directamente a Toviggino. Durante un allanamiento realizado en diciembre pasado en la mansión, se hallaron un bolso y una plaqueta del club Barracas Central, del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a nombre del tesorero de la entidad. Además, Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que entre enero y diciembre de 2025 gastó, en promedio, unos 50 millones de pesos mensuales, pese a no tener ningún cargo formal en la asociación. Con esa tarjeta se abonaban, entre otros gastos, los Telepase de los vehículos que se encontraban en la propiedad, cuyos autos también tenían cédulas azules a nombre de familiares de Toviggino.
La causa también estuvo atravesada por una disputa de competencia judicial. Pantano y Conte solicitaron que el expediente pase a la justicia federal de Campana, argumentando que la propiedad está en Pilar y, por lo tanto, corresponde a esa jurisdicción. González Charvay aceptó el planteo y pidió el expediente, pero Aguinsky lo rechazó inicialmente al sostener que no solo debía investigarse el lavado, sino también el origen de los fondos.
El conflicto fue resuelto por la Cámara Federal de San Martín, que le dio la razón a González Charvay y dispuso el traslado definitivo del caso. La decisión estuvo rodeada de polémica: el fallo fue firmado por el camarista Alberto Lugones, integrante del Consejo de la Magistratura por la “Lista Celeste”, luego de que el juez que debía intervenir originalmente, Néstor Barral, extendiera sus vacaciones una semana más.
Los vínculos de González Charvay con sectores del peronismo generaron suspicacias, aunque desde su entorno señalan que también mantiene relaciones institucionales con intendentes del PRO del conurbano. Con la causa ya radicada en su juzgado, el magistrado analizó el expediente la semana pasada y ahora activó el primer paquete de medidas de prueba.
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