La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum desarrollan en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las organizaciones solicitaron la suspensión de las obras y perforaciones previstas, además de medidas para impedir nuevas operaciones financieras vinculadas al proyecto.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados como PL032 y PL004b. Según el cronograma informado por las empresas, la perforación comenzaría a principios de 2027 y la primera producción de petróleo está prevista para 2028.
La disputa por el proyecto petrolero en Malvinas
La demanda sostiene que las compañías avanzan con el desarrollo del proyecto sin haber realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni obtenido las autorizaciones exigidas por la legislación nacional.
Desde Cancillería ya habían rechazado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión anunciada por Rockhopper y Navitas. El Gobierno argentino sostuvo entonces que el desarrollo de Sea Lion se realiza sin autorización de las autoridades nacionales y que la explotación unilateral de recursos naturales en una zona sujeta a disputa de soberanía contradice las resoluciones de las Naciones Unidas.
Las empresas, por su parte, avanzaron con el proyecto bajo las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas. Navitas, que opera Sea Lion y posee el 65% del proyecto, informó que el desarrollo se encuentra en marcha y que la primera extracción está prevista para marzo de 2028. Rockhopper conserva el 35% restante.
Durante 2026 comenzaron además los trabajos de infraestructura en las islas. Las compañías informaron avances en el muelle y la base terrestre, mientras que la fabricación de equipamiento para la primera fase continúa. La perforación está programada para comienzos de 2027.
La acción presentada por AAdeAA y el CECIM apunta también al aspecto ambiental del proyecto. Según el planteo judicial, la explotación podría generar impactos sobre los ecosistemas del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, a partir de las perforaciones, el movimiento del lecho marino, el tránsito de embarcaciones, el uso de productos químicos y el riesgo de eventuales derrames.
Las organizaciones solicitaron que se suspendan las obras y movimientos del lecho marino y que se impida que las empresas celebren nuevos contratos, reciban desembolsos o constituyan garantías destinadas a continuar con el proyecto.
También pidieron que se identifique a los bancos, fondos de inversión y aseguradoras que participan del financiamiento de la explotación y que se disponga un embargo preventivo sobre los bienes y activos de las compañías por US$156,4 millones.
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El reclamo se suma a la posición que el Estado argentino mantiene frente al desarrollo de Sea Lion. En diciembre del año pasado, el Gobierno había cuestionado la decisión final de inversión de las compañías y remarcado que la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa vulnera las resoluciones de la ONU sobre la cuestión Malvinas.
La controversia se produce mientras Rockhopper y Navitas aceleran el cronograma del proyecto. En agosto, Rockhopper informó nuevos avances en la preparación de infraestructura y confirmó que la perforación está prevista para comienzos de 2027. La compañía también comunicó que analiza ampliar el desarrollo de Sea Lion con un segundo buque FPSO para incrementar la capacidad de producción.
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