El viernes pasado, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en el marco de una causa por presunto lavado de activos. Este martes, el juez federal de esa jurisdicción, Sebastián Argibay, rechazó el requerimiento al considerar que no reunía los parámetros mínimos exigidos para habilitar una investigación penal. En paralelo, la Cámara Federal de Tucumán dispuso su apartamiento del expediente.
En la misma resolución, Argibay resolvió declararse incompetente para continuar interviniendo desde el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

De acuerdo con fuentes del caso, al momento de la firma del fallo de Sebastián Argibay, el juzgado aún no había sido notificado de manera formal respecto de la recusación que derivó en su apartamiento, decidida también durante la jornada del martes.
Caso AFA: apartaron al juez que debía resolver la detención del "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino
Investigación por lavado de activos en la AFA: las maniobras y la hipótesis fiscal
El fiscal federal Pedro Simón —quien además recusó al magistrado— había solicitado avanzar con la acción penal contra autoridades de la AFA y su entorno más cercano, a quienes atribuyó presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a posibles hechos de defraudación contra la entidad, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.
Para el juez Argibay, el requerimiento fiscal no alcanzaba los estándares mínimos necesarios para habilitar una investigación penal formal.

En una resolución de 39 páginas a la que accedió Infobae, el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero advirtió una “ausencia de un hecho concreto y específico” que pudiera ser objeto de investigación.
Una compañía relacionada a Pablo Toviggino habría abonado gastos personales de "Chiqui" Tapia
El fiscal Simón había desarrollado en su dictamen una reconstrucción basada en elementos económicos y societarios, entre ellos la estructura de empresas, los vínculos entre sus integrantes, los flujos de fondos y operaciones interempresariales, incluyendo la facturación cruzada.
Presunto lavado de dinero en la AFA
A partir de esos elementos, se atribuyó la existencia de una presunta maniobra compleja de lavado de dinero vinculada a pagos de la AFA a sociedades relacionadas con Toviggino que no habrían prestado los servicios facturados, junto con operaciones en el mercado cambiario y evasión impositiva.
Sin embargo, estas referencias fueron consideradas “genéricas y abiertas” por el juez, sin la delimitación concreta de los hechos que configurarían cada uno de los ilícitos señalados. La indeterminación del delito precedente fue otro de los ejes centrales de la decisión.
En esa línea, el Juzgado Federal N° 2 concluyó que la hipótesis “alternativa y difusa” del delito precedente impedía sostener la existencia de bienes provenientes de un ilícito.

El fiscal Pedro Simón advirtió en su pedido de recusación que “Pablo Ariel Toviggino recibiría dinero espurio que distribuyó entre distintas personas, principalmente a su hermano Darío Fabian Toviggino y que a través de ellos logró poner el dinero en circulación en el mercado ya transformado en bienes, dándole de esta forma origen lícito”, y que “Darío Fabián Toviggino y Rosalía Argañaraz adquirieron el Lote W-1, que pertenecía a María del Pilar Argibay Lapalma, hija del juez federal interviniente en la causa”.
Recusación al juez Sebastián Argibay en la causa por lavado de activos
La Cámara Federal de Tucumán convalidó la recusación al considerar acreditada la participación de la hija del juez en una operación inmobiliaria que integraba el objeto de análisis dentro de la investigación por presunto lavado de activos. Con ese fundamento, resolvió apartar a Argibay de la causa.
Hasta el momento, no se encuentra determinado si la resolución de primera instancia que rechazó las detenciones de Tapia y Toviggino fue firmada antes o después de la decisión que dispuso el apartamiento del magistrado, aunque fuentes judiciales sostienen que el juzgado no había sido notificado formalmente de la medida de la Cámara en el momento del fallo.
NG