Sergio Schoklender pidió ser absuelto en el juicio por la causa Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales que administraba la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y rechazó la acusación por el presunto desvío de fondos públicos. Su defensa también cuestionó la duración del expediente y sostuvo que, después de 15 años de investigación, se violó el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
El planteo fue realizado ante el Tribunal Oral Federal N° 5 durante el alegato final de los abogados Hernán Figueroa y Alan Swanston. Schoklender enfrenta una eventual pena de hasta seis años de prisión y forma parte del primer grupo de acusados junto con el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala, entre otros.
“Vamos a volver a insistir sobre lo que tiene que ver con la duración del proceso, con la cuestión relativa al plazo razonable. Nosotros consideramos que se encuentra violado”, sostuvo Figueroa. La defensa apuntó al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación en 2011 y reclamó que esa demora sea considerada por el tribunal al momento de resolver.
La defensa negó el desvío de fondos
Los abogados rechazaron además la hipótesis de que Sueños Compartidos haya funcionado como un mecanismo para desviar dinero destinado a viviendas sociales. Afirmaron que no existieron sobreprecios, defendieron el impacto del programa en los barrios y aseguraron que las obras proyectadas fueron terminadas.
También cuestionaron la acusación sobre las modificaciones introducidas durante la ejecución del plan. “El paso de un programa a otro no fue ninguna maniobra”, sostuvo Swanston, quien argumentó que las decisiones tomadas formaron parte de una política pública y negó que hayan significado una reducción de los mecanismos de fiscalización. La defensa también objetó un peritaje incorporado al expediente, al cuestionar su metodología y señalar que el especialista no había visitado las obras.
La causa investiga el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas entre 2008 y 2011. Según la acusación, el entonces Ministerio de Planificación giró más de $748 millones a la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante convenios celebrados con provincias y municipios, sin licitación. Los investigadores sostienen que más de $200 millones habrían sido desviados de sus fines originales.
La postura de la defensa choca con la presentada por el fiscal Diego Velazco y la Unidad de Información Financiera, querellante en el juicio, que solicitaron las penas máximas previstas para los acusados, de entre cuatro y seis años de prisión según cada caso. Velazco sostuvo que los responsables montaron un “esquema criminal” para utilizar a la Fundación y eludir controles estatales sobre los recursos públicos.
Según la Fiscalía, las irregularidades incluyeron modificaciones injustificadas de obras, beneficios para los administradores y extensiones de los plazos de ejecución. La acusación ubicó las maniobras en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Almirante Brown, Ezeiza, Rosario, Bariloche y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
La duración de la causa ya había sido utilizada como argumento por otras defensas. En la audiencia previa, el abogado del exsubsecretario Abel Fatala pidió directamente la extinción de la acción penal por prescripción y sostuvo que había transcurrido el plazo previsto por el Código Penal. También reclamó su absolución y negó las responsabilidades que le atribuye la acusación.
El juicio oral comenzó en marzo después de una investigación que se extendió durante aproximadamente 15 años y actualmente transita su etapa final con los alegatos de las defensas. Una vez concluidas esas exposiciones, el Tribunal Oral Federal N° 5 deberá resolver los planteos vinculados con el paso del tiempo y determinar la responsabilidad de los acusados por el manejo de los fondos del programa Sueños Compartidos.
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