El fiscall de la Causa Sueños Compartidos pidió que a los principales implicados se los condene a la máxima pena prevista que es de 6 años, Al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se los acusa de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional porque desviaron fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. En la misma causa hay otros 4 imputados para los que se solicitó prisión por 4 años.
El fiscal expuso por más de 10 horas en el juicio oral que se tramita en los tribunales de Comodoro Py en un proceso que ya entró en su recta final. El fiscal consideró que los imputados montaron un "esquema criminal" y que entre 2008 y 2011 existió un desvío de 206 millones de pesos de los 900 millones que el Estado le había asignado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ocurrió cuando Cristina Kirchner atravesaba su primer período como presidenta de la Nación.
“Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, acusó Velasco. Según el fiscal usaron a la Fundación para eludir los controles estatales habituales, hicieron modificaciones de obras sin justificación, les dieron beneficios irregulares a los administradores y prolongaron de manera ilícita los plazos de ejecución.
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Quienes llevan adelante el juicio que comenzó en marzo de este año son los tres integrantes del Tribunal Oral Federal N°5, que está conformado por jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La causa avanza aceleradamente ya que en septiembre si no hay dictamen prescribiría.
El juicio oral se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Comenzó en marzo de este año y avanza con celeridad debido a que la causa prescribe en septiembre.
También figuran entre los imputados cuatro exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Se investiga entre otros delitos si no hubo sobreprecios y si hubo irregularidades en licitaciones.
Velasco, en otro tramo de su exposición señaló que el mecanismo de contrataciones “fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires, el municipio de Tigre, de Almirante Brown, Ezeiza, la Ciudad de Rosario, de Santa Fe, San Carlos de Bariloche, y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones“.
