El funcionamiento de la Alerta Sofía, el protocolo estatal para acelerar la búsqueda de menores desaparecidos, volvió a quedar bajo la lupa por el tiempo que debe transcurrir antes de su activación. Durante su intervención en Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, analizó el sistema, sus resultados y las dificultades que persisten en las investigaciones de niños y adolescentes cuyo paradero se desconoce.
“Voy a hablar de lo que es el protocolo que establece el Estado desde 2019 para la búsqueda y extravío de menores. Se llama Alerta Sofía hacia el Sistema Nacional de Emergencia de Alerta Inminente de Riesgo, que está destinado a acelerar las búsquedas de estos menores en este caso”, explicó Leandro Bravo.
El nombre del mecanismo homenajea a Sofía Herrera, la niña que desapareció el 29 de septiembre de 2008 en Río Grande, Tierra del Fuego, y cuyo paradero continúa sin conocerse.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el momento en que se activa el protocolo. Bravo explicó que la Alerta Sofía requiere una denuncia policial, el transcurso de un período determinado y una resolución judicial. “Porque no nos olvidemos que la Alerta Sofía se activa a las 72 horas que desapareció el chico y a través de una resolución judicial”, señaló.
El problema, según explicó, es que especialistas consideran decisivas las primeras horas posteriores a una desaparición. “Y aparte, los especialistas últimamente han puesto el foco en eso porque en base a la cantidad de chicos desaparecidos, denunciados, desaparecidos, de los cuales nunca se han encontrado rastros, son clave las primeras 96 horas”, afirmó.
Las demoras en la búsqueda de menores
Bravo sostuvo que el protocolo vigente no fue modificado pese a los cuestionamientos sobre el tiempo de espera: “Esto salió por resolución y nunca hubo una decisión política de modificarlo”.
También comentó que existen dificultades de coordinación entre distintos niveles del Estado: “También se desencuentran la fuerza municipal, provincial y nacional en este caso. No hay una política clara tampoco en cuanto al tema”.
El problema puede agravarse en zonas alejadas o con menor conectividad. Según Bravo, no todos los casos pueden analizarse desde una perspectiva urbana. “Hay lugares donde no llega el internet como lo conocemos en la ciudad y no dan aviso”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.
Además, destacó que las condiciones sociales y geográficas pueden hacer que una familia tarde más en advertir una desaparición: “No nos olvidemos que en los lugares más vulnerables, donde desaparecen chicos, quizás a veces la familia no se alerta o se da cuenta de la desaparición cuando ya transcurrieron tres días”.
El caso Agustina Vega y la discusión sobre las 72 horas
El debate cobró especial relevancia a partir del caso de Agustina Vega, cuya desaparición derivó posteriormente en una investigación por femicidio.
Bravo remarcó que la activación del protocolo tampoco se produjo inmediatamente una vez cumplido el plazo establecido: “Sí, y de hecho la principal crítica es que la Alerta Sofía se emitió a los 80 horas de su desaparición, o sea, hubo un margen de ocho horas que estuvo, digamos, de una forma ilegal”.
Y agregó: “O sea, la alerta estuvo, tardó ocho horas en activarse cuando tenía que haber sido, cuando si ya consideramos que 72 horas es tarde, incluso acá se activó mucho más tarde todavía”.
