El juez Flávio Dino restituyó en sus cargos al director general de la Policía Federal y al responsable del área de Inteligencia, quienes habían sido desplazados previamente por el ministro André Mendonça. La decisión profundizó la disputa dentro de la Corte Suprema de Brasil, en una investigación vinculada con el caso del banco Master y su exbanquero Daniel Vorcaro.
En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista y analista internacional Eleonora Gosman analizó la escalada de tensión dentro de la Corte Suprema de Brasil y sus derivaciones políticas. La controversia también alcanzó al entorno de la familia Bolsonaro y a una investigación sobre posibles vínculos con Flávio Bolsonaro.
La investigación sobre el banco Master y la disputa en la Corte
Para la periodista y analista internacional Eleonora Gosman, “más que resolución, esto es una guerra que continúa dentro de la Corte Suprema”.
La controversia está vinculada a una investigación sobre el caso del banco Master y su exbanquero Daniel Vorcaro, que alcanzó al entorno de la familia Bolsonaro. Según explicó Gosman, Mendonça había argumentado que existía “parcialidad política” en los informes elaborados por los funcionarios policiales, mientras que la investigación apuntaba a determinar posibles vínculos con Flávio Bolsonaro.
“Esa investigación apuntaba fuerte a ver lo que estaba aconteciendo con Flávio Bolsonaro”, sostuvo la analista, al referirse a los contactos que el hijo del expresidente habría mantenido con Vorcaro.
La pelea entre los jueces y el factor político
Eleonora Gosman remarcó que el enfrentamiento entre los magistrados también está atravesado por sus antecedentes de designación: Dino llegó a la Corte Suprema durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que Mendonça fue designado durante la presidencia de Jair Bolsonaro.
“De alguna manera esto se refleja en esta guerra, claramente se refleja porque justamente están enfrentados Lula da Silva con Flávio Bolsonaro”, señaló.
Al restituir a los funcionarios policiales, Dino sostuvo que existían garantías constitucionales para su reincorporación y cuestionó que una decisión judicial pudiera frenar investigaciones en curso. Para Eleonora Gosman, el punto central es que la resolución de Mendonça podía afectar directamente el avance del expediente.
“La decisión que había tomado ayer el ministro Mendonça estaba muy relacionada con ese caso y con el interés de que no continuara porque podía perjudicar y mucho al sector que él de alguna manera adhiere”, afirmó.
Dino también impidió que se adoptaran nuevas medidas similares y advirtió sobre el riesgo de que las investigaciones quedaran paralizadas.
Empresarios alertan por el riesgo institucional
La crisis judicial generó además preocupación entre sectores empresarios. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) reclamó “sentido común” y responsabilidad en la conducción del país y advirtió sobre un deterioro de la confianza en las instituciones.
Eleonora Gosman destacó especialmente el diagnóstico del empresariado: “La República enfrenta un test de integridad inédito” y “estas sucesivas crisis que ocurren en Brasilia colocan todas las instituciones en riesgo”.
En ese contexto, la analista concluyó que la disputa excede el enfrentamiento entre magistrados y se conecta directamente con la disputa política brasileña: “Los recurrentes episodios pueden lanzar a Brasil a un momento de especial gravedad”, mientras que la pérdida de confianza institucional, advirtió, “mata a la democracia”.
