Tomás Castagnino alertó por la caída del empleo formal, mientras Rodrigo Álvarez defendió la estabilidad y la apertura como condiciones para atraer inversiones.
La pérdida de empleo registrado y la reconversión de sectores industriales abrieron un debate sobre los costos del programa económico de Javier Milei y su impacto de cara a las elecciones de 2027. En Ronda de Economistas, por +Perfil, Tomás Castagnino, Rodrigo Álvarez y Santiago Llull discutieron sobre estabilidad, apertura económica y el papel del Estado frente a quienes pierden su trabajo.
“Es realmente muy grave”
Castagnino, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que el escenario actual tiene diferencias con los años 90 y puso el foco en el deterioro del trabajo formal.
Según afirmó, datos del Sistema Integrado Previsional Argentino mostrarían una pérdida de 370.000 empleos registrados desde noviembre de 2023, de los cuales 160.000 corresponderían al último año mencionado durante el programa.
“Es un dato que yo no sé por qué no estamos todos con los pelos de punta y más preocupados, porque es realmente muy grave”, señaló.
También advirtió que el crecimiento de actividades por cuenta propia puede ocultar parte del deterioro laboral y planteó una pregunta directamente vinculada con el calendario electoral: “¿Podés soportar esta política económica?”.
La apertura y el caso de FATE
Álvarez defendió otra mirada sobre la apertura comercial y mencionó el caso de la fabricante de neumáticos FATE.
“¿Cuánto tiempo pagamos una cubierta, el precio de una locura por una cubierta?”, preguntó. Según su visión, una mayor competencia puede reducir el costo que enfrentan los consumidores y permitir que ese dinero se destine a otras actividades.
“Una familia que antes tenía que pagar 500, 600 dólares para cambiar las cuatro cubiertas, ahora paga 100 o 150 o 200, libera recursos para destinarlo a otros sectores”, afirmó.
El conductor Jorge Meaños llevó entonces la discusión hacia los trabajadores desplazados y preguntó qué ocurre con un operario calificado que, después de años en una industria, pierde su empleo y no encuentra una actividad equivalente.
“Me parece un poco fuerte que la culpa la tenga la gente”
La respuesta de Álvarez generó el cuestionamiento de Santiago Llull.
“Me parece un poco fuerte, Rodrigo, que la culpa la tenga la gente que labura en una empresa”, respondió el analista financiero, al rechazar que el costo de la reconversión recaiga principalmente sobre los empleados.
Álvarez sostuvo que las transformaciones tecnológicas obligan a adaptar determinadas actividades y mencionó el avance de la inteligencia artificial como ejemplo de un fenómeno que también afecta profesiones tradicionales.
Ante la insistencia sobre qué debería hacer concretamente el Gobierno, resumió su posición: “El Estado tiene que proveer las condiciones de la estabilidad macroeconómica y los bienes públicos, educación, salud, justicia”.
Para el economista, no corresponde que el Estado intente anticipar cuáles serán las industrias ganadoras dentro de veinte años, sino crear un escenario estable para que el sector privado invierta y genere nuevas oportunidades.
La discusión dejó así planteada una de las preguntas que puede atravesar 2027: si la baja de la inflación y la estabilidad serán suficientes para sostener el respaldo social o si el empleo, los ingresos y el consumo terminarán pesando más en la evaluación del rumbo económico.
