Una foto subida a Twitter con un texto de 140 caracteres: "Así se ve la basura en mi esquina" o "La luna hoy tiene forma de uña". Un video de los primeros pasos de tu hija compartido por un link en una red social. Un comentario dejado en un blog en respuesta a una publicación con la que estás de acuerdo. O con la que no estás de acuerdo.
Entre los muchos impactos que tuvo Internet en nuestras vidas, está también el haber resignificado los conceptos de acceso a la información y de libertad de expresión, abriendo nuevas e infinitas posibilidades para el ejercicio de estos derechos humanos fundamentales. Hoy, una conexión a Internet puede ser una ventana al mundo desde la cual proyectar la propia voz.
Esto lo vemos en hechos cotidianos, en las nuevas formas de comunicación que hemos establecido con nuestros familiares, amigos o colegas, así como en los grandes movimientos ciudadanos donde Internet ha proporcionado las plataformas desde la cual se denuncian abusos de regímenes totalitarios y violaciones a derechos humanos.
Una de las claves detrás de esta democratización de las voces, posibilitada por la innovación tecnológica constante -en dispositivos, plataformas, softwares, aplicaciones y redes-, radica en el establecimiento de reglas claras sobre la responsabilidad de los denominados intermediarios de Internet: los que permiten el acceso a la red, los que ponen a disposición de los usuarios las plataformas y aplicaciones que usan a diario y los que brindan el almacenamiento de contenidos. Reglas también que deben contemplar a los generadores de contenido y a los usuarios. Este marco legal juega un rol no sólo en la protección de la libertad de expresión como derecho fundamental sino que también impacta en los niveles de creatividad e innovación de un determinado país y consecuentemente, en el dinamismo económico del sector de emprendedores y empresas vinculadas con Internet. Vemos cómo las legislaciones adoptadas en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa han contribuido al surgimiento de empresas innovadoras dentro de sus fronteras.
Esta discusión de marcos legales apropiados para la era digital ya se está dando en América Latina en diferentes ámbitos: entre legisladores y decisores políticos, entre miembros de la sociedad civil, así como entre periodistas y bloggeros. Sin embargo, hasta el día de la fecha, con excepción de Chile en materia de derechos de autor, no existen países latinoamericanos que hayan implementado legislaciones que limiten la responsabilidad que le cabe a los intermediarios de Internet por los contenidos generados por un tercero. ¿Quiénes son? Todos los servicios online – proveedores, de conectividad, de hosting, motores de búsqueda, redes sociales, sitios de videos, herramientas de blogs, servicios de subastas y muchos otros – que permiten acceder a la red, crear contenido, almacenarlo y volverlos accesible, encontrar información publicada por otros, comunicarnos, y comprar y vender productos y servicios.
¿Es apropiado que las plataformas de los intermediarios sean responsables por los contenidos que sus usuarios transmiten, comparten, almacenan, referencian o comentan? ¿Nos sentiríamos cómodos con una Internet, donde los intermediarios, que a fin de cuenta son meros operadores técnicos, tuvieran el poder o la obligación de censurar? ¿Pueden surgir negocios sostenibles en ausencia de marcos jurídicos previsibles que establezcan claramente responsabilidades de los intermediarios y la de sus usuarios?.
La respuesta es “no” y es hora de cambiar esta ecuación. América Latina ha sido pionera en establecer marcos regionales en materia de Derechos Humanos. Es además una región vibrante que ha abrazado todos los principios detrás de Internet: la libertad de expresión, el acceso a la información, la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor. Es importante que a medida que avancemos en la agenda de temas pendientes en la región, no perdamos de vista estos valores esenciales y nos preparemos para abrazar todos los beneficios, sociales, culturales y económicos que la sociedad de la información nos acerca.
(*) Director de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales, Google Hispanoamérica.
