La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el fallo dictado este jueves 13 de agosto por el Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional y de Ejecución Penal de San Luis contra el periodista Diego Masci.
Masci, director del portal zbol.com.ar, fue considerado “autor material y penalmente responsable del delito de 'violación de intimidad' (artículo 155 del Código Penal), por la publicación indebida de una comunicación electrónica, en perjuicio de la actual ministra de Medio Ambiente del Gobierno provincial, Natalia Spinuzza”.
Natalia Spinuzza había denunciado al periodista por la publicación de un video privado que ella había grabado para un grupo de amigos y familiares durante un viaje a Holanda en 2018, cuando era funcionaria a cargo del Ministerio de Educación provincial.
Condenan a un periodista por publicar video donde ex ministra dice que consumió drogas
De acuerdo al escrito judicial, el periodista fue condenado a pagar una multa de 90 mil pesos, más costas y accesorias del proceso. La Justicia dispuso además que una vez que quede firme la sentencia, se libre oficio a Google para que remueva de la plataforma Youtube el video, considerado “indebido”, y que motivó la condena de Masci. Asímismo, el fallo sostiene que se desindexe a la funcionaria de los eventuales enlaces que puedan exhibir el video en cuestión.
El fallo, sostiene Adepa, “es un grave precedente para la libertad de expresión y para el libre ejercicio de la labor periodística”, tarea que destacan está amparada por la Constitución Nacional y “protegida por varios fallos previos a nivel local e internacional, inclusive en hechos donde se consideró la intimidad de las figuras públicas”.
Adepa advierte sobre la situación critica de los medios
Entre los antecedentes en la materia, Adepa menciona una sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucraba a la Editorial Perfil, por la cual se dejó sin efecto la condena civil impuesta por la Justicia argentina a los periodistas Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico, por una una publicación del año 1995 en la que supuestamente “se había afectado la vida privada” del entonces presidente, Carlos Menem.
En el escrito, Adepa considera que la sentencia del tribunal de San Luis “debería ser revisada en otras instancias judiciales” con base en los criterios y antecedentes nacionales e internacionales, y sostiene que debería “ponderarse adecuadamente el derecho a la libertad de expresión, clave para que el debate democrático sea lo más amplio, diverso y vibrante posible”.
