En 1989, el flamante presidente Carlos Saúl Menem adjudicó la frecuencia de Canal 13 al Grupo Clarín por alrededor de cinco millones de dólares. Casi 24 años después, un grupo de trabajadores despedidos de la emisora denuncia a la empresa y al exmandatario ante la Justicia por "asociación ilícita", "encubrimiento del terrorismo de Estado" y otras irregularidades.
Al frente del reclamo está José Carbonelli, quien trabajó en el canal desde 1975 hasta 1996, año en que fue despedido. En diálogo telefónico con Perfil.com, Carbonelli sostuvo que "desde antes de que comience el proceso licitatorio hubo irregularidades muy grandes, siempre fueron sumas millonarias, donde el monopolio Clarín se benefició".
El exempleado del multimedio denunció "el pacto Menem - Clarín". "Acordaron, antes de la campaña electoral, que Clarín lo apoyaba y Menem les entregaba Canal 13. Esto se vio en las tapas de los diarios, previo a las elecciones", relató. "Apenas asume Menem, le da la intervención a Clarín: el interventor fue Abel Malonei, empleado del diario. Hizo una limpieza de gente, con trabajadores despedidos. Cuando llegó la licitación pública, ellos ya lo estaban administrando", describió.
El exempleado de Artear aseguró que los grandes perjudicados con la privatización de la emisora fueron los trabajadores, ya que no sólo hubo "despidos masivos": la empresa también recortó los salarios y nunca entregó a los empleados el 10% de las acciones, como se hizo con otras privatizadas: "Fuimos discriminados por Menem, nos robaron 120 millones de dólares", acusó.
Carbonelli presentó la denuncia contra Clarín y Menem en diciembre. Esta semana, adjuntaron nueva documentación a la causa tramitada por el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°. 12. Entre ellos consta un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que asegura que "en el período entre 2002 y 2008 la empresa Artear cometió más de mil infracciones" a la Ley 22.285 (Ley de Radiodifusión). El organismo también "corroboró" los decretos del exmandatario en torno a la "condonación de deudas a Artear por impuestos y multas impagos al exComfer, por más de 310 millones de dólares".
El demandante pidió además que se investigue el caso de Reynaldo Defranco Fantín, empresario secuestrado en 1980 tras reclamar una deuda de más de tres millones de dólares a los entonces interventores militares del canal. Cuando se licitó Canal 13, se ocultó esa deuda -correspondiente al Grupo de empresas LADEFA SACIFEP, en el pliego, para adjudicarle al Grupo Clarín la emisora libre de deudas. El secuestro, según la denuncia, constituye una "violación a los derechos humanos, considerada como delito de lesa humanidad imprescriptible".
El exdelegado explicó a Perfil.com por qué tardó tantos años para denunciar al grupo empresario, tras su despido. Según Carbonelli, dejó pasar varios años, hasta que comenzó con la denuncia a partir del enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. "Cuando vino el enfrentamiento este las cosas cambiaron. Recién ahora se puede hablar en contra de Clarín", justificó.
"Era un privilegio laburar en Canal 13 y nos rajaron de la noche a la mañana", recordó Carbonelli. "¿Sabés cuanta gente se murió, después no consiguió más trabajó? Teníamos los mejores sueldos del país y se jubilaron con la mínima", exclamó. "Este canal se lo tienen que sacar, esto está muy probado", exhortó. "Si es que hay Justicia, esto tiene que salir adelante, por más que no quieran, por más que la gente tenga miedo", concluyó.
