El Gobierno argentino deberá explicar en Washington este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina como consecuencia de las modificaciones a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital decretadas por Mauricio Macri a poco de haber asumido la Presidencia de la Nación. La convocatoria responde a una solicitud de un conjunto de organizaciones multisectoriales integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), entidad que desde hace 12 años promueve un sistema plural y diverso de medios de comunicación.
El encuentro ha sido convocado por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el título "Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina" para que el gobierno nacional explique los decretos que disolvieron organismos con participación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo. También a fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.
"La audiencia tratará la vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte", puntualizó la Coalición durante un nutrido Congreso Nacional realizado el 3 de marzo, con más de 500 representantes de 16 provincias y diversas organizaciones.
La audiencia será seguida en vivo en diferentes puntos del país, el viernes 8 a las 10 (hora argentina), en eventos convocados por los nodos regionales de la Coalición por una Comunicación Democrática. El acceso público para conectarse a la transmisión web on line.
En representación de la Coalición harán uso de la palabra en la audiencia Horacio Verbitsky (Centro de Estudios Legales y Sociales), Osvaldo Francés (Asociación de Radios de Buenos Aires y el Interior de la Argentina), Damián Loreti (Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Sindicato Argentino de Televisión), Ana Jaramillo (Universidad Nacional de Lanús), Daniel Badenes (Red de Carreras de Comunicación –REDCOM), Néstor Busso (Foro Argentino de Radios Comunitarias-ALER), Oscar Nocetti (Cooperativa Santa Rosa), Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes).
En el plano institucional, el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en reemplazo de las Autoridades Federales AFSCA y AFTIC, eliminó garantías básicas para su autonomía o independencia, tanto del Poder Ejecutivo como del económico. El ENACOM comenzó a funcionar con directores exclusivamente nombrados por el Gobierno, sin representatividad y pluralidad, removibles sin justificación alguna.
La denuncia advierte que no hay fundamentos explícitos que justifiquen un estado de necesidad y urgencia para el dictado de los decretos. Entre otros puntos, se cuestiona el abandono de regulaciones en beneficio del público en el sector de la televisión por cable y el fomento a la concentración del sector, así como la derogación de las obligaciones que la ley 26.522 imponía a los operadores respecto de la producción y transporte de señales locales y grilla de programación, lo cual afecta directamente a la pluralidad de voces.
La Coalición alerta también sobre el peligro de pérdida de hasta 50.000 puestos de trabajo debido a fusiones empresariales y al cierre de pequeñas productoras y servicios audiovisuales, y de una aún mayor cartelización de las actividades que encarecerán el precio de las tarifas de las conexiones y abonos.
Distintos referentes de las políticas de comunicación a nivel supranacional manifestaron su preocupación ante las medidas inconsultas del Gobierno argentino. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, expuso asimismo informes ante la CIDH y el Congreso Nacional.
Las más de 300 organizaciones que integran la CCD vienen reclamando, en un amplio plan de acción federal, la plena vigencia de una ley que recibió respaldo parlamentario y cuya constitucionalidad fue respaldada por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013.
Esta multisectorial también puso en debate y aprobó los nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, como actualización de sus principios de políticas públicas que abordan la diversa agenda de la convergencia tecnológica en el uso de redes y el fortalecimiento de las industrias culturales argentinas. Está abierta la adhesión a este documento por parte de organizaciones y personas.
Mientras comparece en Washington ante la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno no ha dado explicaciones en el parlamento y enfrenta, además diversas acciones judiciales en trámite por vulneración de derechos y extralimitación de sus competencias en esta materia.
