El gobierno de Santa Cruz busca aprobar en la legislatura este jueves 10 de diciembre un proyecto de ley que crea un Consejo Asesor de los Medios Públicos provinciales, una Agencia de Noticias y un Observatorio de Medios, iniciativa que generó la oposición de distintos sectores por considerar que afecta a la libertad de expresión.
La Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), una ONG dedicada a la protección y difusión del derecho a la libertad de expresión, manifestó su preocupación por el proyecto, enviado a la Cámara de Diputados de la provincia por el Poder Ejecutivo, que impulsa que el Sistema de Medios esté integrado por la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA Santa Cruz), el Consejo Asesor de los Medios Públicos Santacruceño (CAMPuS), y el Observatorio Provincial de Medios (OPM): este último tendría entre sus funciones la de "monitorear el cumplimiento de la normativa vigente”.
En ese sentido, desde la fundación que preside la ex titular del Enacom durante la gestión de Mauricio Macri, Silvana Giudici, consideraron que “este tipo de organismos estatales no solo resultan inútiles para cumplir con los cometidos que se proponen, sino que además su sola existencia condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa y el derecho de acceso a la información”.
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Al respecto, mencionaron como otro ejemplo su oposición a la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO), dependiente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que impulsaba el gobierno a nivel nacional.
Desde LED advirtieron que en el caso del organismo provincial “se podría estar ante una interferencia con la facultades de la Nación”, ya que la legislación aplicable a los medios de comunicación, señalaron, es de orden federal, “con lo cual no corresponde a un organismo provincial el monitoreo de la normativa vigente”.
“De la sola lectura del proyecto de ley en cuestión se desprende una visión del rol de los medios de comunicación reñida con los estándares del sistema Interamericano de Derechos Humanos y con las mejores prácticas de los organismos reguladores a nivel mundial”, expusieron mediante un comunicado.
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En palabras de la ONG, la iniciativa pone al estado “en un rol de decisor sobre la relevancia de contenidos que violenta de manera directa las libertades involucradas”, algo que consideran “habilita a los nuevos organismos a opinar y actuar sobre los medios más allá de cualquier normativa legal vigente y contrariando el espíritu de nuestra Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales que la integran”.
“Recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte de la consideración de que “la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental” y que la misma es "un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática", finaliza el escrito.
AGMC
