Ante el anuncio hecho por la Defensora del Publico de propiciar la creación de un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO)", en el ámbito de competencia de ese organismo, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires dio a conocer un documento en el cuál expresa que “de concretarse podrían vulnerarse normas y principios constitucionales que nos rigen".
En el comunicado, la institución señaló: “En nuestro país no es función del Estado ejercer vigilancia sobre la información que difunden las personas humanas o jurídicas y las ideas que expongan en ejercicio de la libertad de expresión (art. 14 de la Constitución Nacional, y art. 13 punto 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos), salvo cuando constituyan un delito o causen agravio jurídico a un tercero, en cuyo caso deben ser juzgados por los tribunales competentes”.
“Se ha dicho que el observatorio proyectado no sería un órgano con presupuesto y que busca generar insumos que permitan «reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad» y debatir «sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en intemet». No obstante, no por ello esta iniciativa deja de ser una intromisión en la libertad de expresión”.
Nodio, el "observatorio de la desinformación", genera rechazo de Adepa y la oposición
“A juicio de esta Academia no le compete al Estado constituirse en promotor de un periodismo de alta calidad, por no ser esta una función propia de nuestro régimen constitucional. Además, por tratarse, la evaluación de dicha actividad, de una cuestión subjetiva, se corre el riesgo de medir la calidad sesgadamente y con criterio ideológico, el cual, cualquiera que sea, debiera prevenirse para evitar avances indebidos sobre la libertad de expresión”.
La experiencia indica que la existencia de esos organismos en la esfera estatal abre el camino a que sean utilizados como medios para inducir conductas inspiradas en ideologías político partidarias, incompatibles con nuestro sistema constitucional democrática y pluralista de gobierno”.
“Lo dicho no implica desconocer o cuestionar la existencia de este tipo de entidades en el ámbito privado, dedicadas -a esa clase de tareas, cuya misión está claramente determinada, y pueden aportar ideas u opiniones útiles para esa finalidad, sin constituirse en voceros del Estado y en última instancia sometidos al libre escrutinio de quienes accedan a sus pareceres o dictámenes”, finaliza el documento.
