En las últimas semanas, varias señales provenientes de sectores afines a la coalición oficialista parecieron converger nuevamente en el objetivo de estigmatizar y criminalizar la tarea periodística. Han pretendido confundirla en tramas conspirativas y vincularla con procesos judiciales ajenos a la misión de búsqueda de información útil a la sociedad que define al periodismo profesional.
Esta reactualización de la “teoría del lawfare”, categoría jurídica sin base alguna en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia globales, procura deslegitimar las investigaciones periodísticas, pero sobre todo las causas judiciales sobre hechos de corrupción.
En este sentido, en los últimos días se ha observado cómo una vez más se pretenden utilizar comunicaciones telefónicas de periodistas y medios de comunicación con fuentes de valor informativo para pretender instalar, sin dato objetivo alguno, un clima de sospecha o injerencia de intereses ajenos a la tarea profesional.
Como ha sucedido en otras ocasiones, este modus operandi parece revelar una doble intención. Por un lado, sostener el reiterado discurso del “lawfare”, y por el otro, más grave aún, generar un clima de intimidación y autocensura que disuada a medios y periodistas de encarar investigaciones en el futuro, para evitar este tipo de represalias con las que se los amenaza.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) ha sostenido, y lo reitera hoy, que no hay nada cuestionable en que un profesional hable cuantas veces sea necesario con sus fuentes, sean estas cuales fueren. Más aún, el secreto profesional de las fuentes periodísticas, consagrado por la Constitución Nacional, justamente apunta a la mayor libertad y tranquilidad posible de los periodistas a la hora de mantener relación con sus fuentes informativas. Esto es así en aras de generar un clima de trabajo que permita un escrutinio vibrante y profundo de las cuestiones de interés público. Por eso, abre un signo de preocupación respecto de la protección de tal principio constitucional que, a partir de una causa judicial en trámite, se revelen contactos telefónicos de medios y de periodistas con sus propias fuentes informativas.
En paralelo a esta cuestión, Adepa tomó nota de la presentación de un proyecto en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) para que la mencionada “teoría del lawfare” sea considerada un delito en la región. De este modo se pretende revisar condenas judiciales por casos de corrupción, castigar a los funcionarios judiciales que las dictaron y, consecuentemente, cuestionar o incluso demandar a los medios y periodistas que llevaron a cabo investigaciones fundamentales para el conocimiento de los hechos por parte de la ciudadanía.
La iniciativa fue planteada días atrás durante un evento virtual de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en el que participaron ex funcionarios argentinos condenados por corrupción, legisladores y funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Camaño, el senador nacional Oscar Parrilli, y la diputada nacional Fernanda Vallejos.
Durante la sesión, los legisladores adelantaron que impulsarán esa propuesta como una ley en el Congreso Nacional, como una medida que implicaría un “recurso de revisión de sentencia y de inaplicabilidad de la ley”, base para impugnar las decisiones judiciales. Y entre los argumentos, incluyeron como parte de la teoría del lawfare una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad.
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Una vez más, Adepa manifiesta su absoluto rechazo a este tipo de iniciativas, que utilizando fórmulas genéricas y argumentos políticos pretende alterar garantías constitucionales y convenciones internacionales, tales como las del debido proceso, el juicio fundado en la ley anterior y las pruebas del proceso, la libertad de expresión, la prohibición de la censura directa e indirecta y el secreto de las fuentes periodísticas.
Como ya señaló Adepa en reiteradas ocasiones, el trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas.
Por eso, Adepa hace un llamado a los representantes de los poderes del Estado para evitar que la lucha política haga perder la perspectiva de que ese papel del periodismo de señalar los excesos, los abusos y los errores de los gobiernos es inherente a cualquier sociedad democrática. Referencias como las del diputado nacional Rodolfo Tailhade contra el periodista y columnista Joaquín Morales Solá no representan el espíritu de tolerancia y debate crítico que la hora requiere, sino todo lo contrario.
