El estado de excepción invocado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su guerra contra las pandillas, se convirtió en un arma de doble filo por embestir contra los derechos fundamentales, como las libertades de expresión y de prensa.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, sancionó una ley que agrava las condiciones carcelarias de los pandilleros o mareros y, en uno sus incisos más controvertidos, considera adultos a los mayores de 12 años. Se trata de un mecanismo de represión y de disuasión en medio de la peor ola de violencia en los últimos 30 años en El Salvador.
Ese mecanismo sanciona con penas de 10 a 15 años de cárcel a los periodistas, los medios de comunicación y los artistas que, a los ojos del gobierno, reproduzcan o transmitan mensajes de las pandillas con textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y otras expresiones que aludan a las denominadas maras, cuya máxima expresión es la Mara Salvatrucha o MS-13. No sólo fomenta la censura, sino también la autocensura.
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Las reformas, así como la criminalización del trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, contravienen principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público.
La intención de Bukele es frenar, por la fuerza, la violencia de las pandillas, legalizar la mordaza y profundizar la hostilidad contra la prensa y los artistas, emparejándolos con las bandas criminales.
JL PAR
