La designación del excomisario Maximiliano Bondarenko como candidato a diputado por la Tercera Sección Electoral, y la destitución de 24 policías por parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof, por sospechas de militancia partidaria a favor de Bondarenko, dan un anticipo de cómo la Bonaerense puede jugar políticamente en contra del peronismo. Se trata de la fuerza de seguridad más importante del país, con cerca de 100 mil integrantes, y podría tener un rol clave en las elecciones legislativas provinciales del siete de septiembre.
No sería la primera vez que los intereses corporativos de esta fuerza se expresan en el marco de la política. De hecho, en Editorial Perfil tenemos la muerte del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, que es, aunque paralelo, un lamentable testimonio de cómo actúa la Bonaerense cuando tiene intereses en juego, después de aquella célebre tapa de titulada “Maldita policía” con la foto de Cabezas del jefe de la Bonaerense.
¿Pero por qué sucede esto? ¿No son las fuerzas de seguridad apolíticas? ¿Pueden haber hechos de inseguridad facilitados o directamente orquestados por la Bonaerense para perjudicar a la lista del oficialismo, como ya los hubo en varias de las elecciones anteriores? En este caso le toca a Axel Kicillof, pero le pudo haber tocado en otro momento a Eduardo Duhalde o a otros gobernadores.
Según Michel Foucault, la policía no surge meramente como un cuerpo armado para castigar delitos, sino como una tecnología de gobierno. En sus cursos “Seguridad, territorio, población” y “Nacimiento de la biopolítica", sostiene que la policía surge en la Europa moderna (siglos XVII-XVIII) vinculada al Estado absolutista, como herramienta para producir orden, riqueza y salud pública.
La policía es la institución que organiza y regula la vida de la población para fortalecer al Estado. No se limita a reprimir crímenes: gestiona el trabajo, la circulación de mercancías, la higiene y la moral, asegurando un orden productivo y saludable. Es, en ese sentido, una de las formas del biopoder, el poder que administra la vida y no solo la muerte.
Por otro lado, Foucault también vincula el surgimiento de la policía con el desarrollo económico: aparece cuando hay acopio de mercancías y producción creciente de riqueza, porque el Estado necesita garantizar la seguridad de esos bienes y la organización de sus flujos. Así, la policía es inseparable de la expansión del comercio y del urbanismo: su rol es proteger y gestionar, más que castigar.
La policía moderna nace entonces como garante del orden social, del crecimiento económico y de la reproducción de la fuerza de trabajo, mucho antes de encarnarse en la imagen reducida del patrullero que persigue delincuentes.
En este sentido, obviamente juega un rol político general en la mantención de cierto status quo. Sin embargo, la cercanía de la policía con el crimen organizado, su monopolio de la violencia del Estado y sus miles de miembros le dan una suerte de carácter corporativo e intereses como institución que además puede generar que se jueguen en esta institución la defensa de los intereses de sus integrantes.
En el libro “La Bonaerense”, publicado en el año 2000, Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil explican que. desde su perspectiva, la corrupción de la Policía Bonaerense no es un accidente moral sino una estructura histórica de funcionamiento. Según los autores, la fuerza nació como aparato de control social antes que como garante de seguridad ciudadana, subordinada a los poderes provinciales y utilizada para disciplinar a la población. Con el tiempo, desarrolló su propia “caja negra” de recaudación basada en coimas a prostíbulos, desarmaderos y juego clandestino, así como en el cobro a narcos para operar en distintas zonas. “No es un cuerpo corrupto. Es la corrupción misma transformada en cuerpo armado”, afirman en este libro.
Durante la dictadura, bajo el coronel Ramón Camps, la Bonaerense se profesionalizó como fuerza represiva y criminal, participando de secuestros, desapariciones y apropiaciones de bienes de los detenidos. Para Ragendorfer y Dutil, ese período consolidó su lógica mafiosa que nunca se desmanteló totalmente en democracia.
Por el contrario, en los años 80 y 90 su estructura de corrupción se convirtió también, según los autores, en un sistema de financiamiento político-policial, generando lo que denominan una verdadera “corporación criminal con uniforme”. Así, la Bonaerense terminó administrando delito y orden simultáneamente, funcionando como un poder autónomo dentro del Estado. Un Estado dentro del Estado.
Antes de ser asesinado, lamentablemente como una suerte de fatal paradoja, Cabezas fue quien mejor sintetizó esto con una foto que del entonces jefe de la Policía Bonaerense que fue tapa de Noticias con el título de “Maldita Policía” en 1996. Su título bautizó para siempre la parte mala de la fuerza provincial.
En esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), vamos a hacer un racconto de las veces que se expresaron los intereses corporativos de la Bonaerense en el plano de la política.
Como decíamos, el Caso Cabezas de 1997 destapó la profunda implicación de sectores de la Policía Bonaerense en redes de corrupción y criminalidad organizada. El fotógrafo de la revista Noticias fue asesinado en Pinamar luego de captar imágenes comprometedoras de Alfredo Yabrán, empresario con fuerte influencia política y vínculos con la policía.
Investigaciones y testimonios demostraron que algunos miembros de la Bonaerense participaron activamente en el encubrimiento del crimen, además de haber colaborado con Yabrán para proteger sus negocios ilegales, como el contrabando y la extorsión.
Ragendorfer señala en sus investigaciones que el Caso Cabezas expuso el funcionamiento de la Bonaerense como un aparato mafioso que no sólo cometía delitos, sino que también administraba la impunidad para sectores económicos y políticos poderosos. La policía actuó como un Estado dentro del Estado, donde comisarios y oficiales tenían vínculos estrechos con empresarios y políticos corruptos, demostrando la estructura de corrupción institucionalizada a la que Ragendorfer y Dutil se refieren en su libro, en el que describen la esencia de lo que la revista Noticias bautizó en su tapa como “maldita policía”.
El asesinato de Cabezas explotó en la gestión del entonces gobernador Duhalde, quien, al asumir, tratando de agraciarse con la fuerza, había dicho que la Bonaerense era “la mejor policía del mundo”, recibió críticas por su falta de control sobre la Policía y hasta por mantener en las sombras el entramado de corrupción y negociados que mantienen. “Alfonsín dijo que me tiraron un muerto”, reflexionó el expresidente en el documental de Netflix “El fotógrafo y el cartero”, sobre el Caso Cabezas.
Duhalde era el candidato a presidente para suceder a Menem, y Menem no quería, como sucede habitualmente con los mandatarios que no quieren que su delfín los suceda y gane otro. Previo a la campaña electoral, Duhalde interpretaba que el asesinato de Cabezas había sido un mensaje contra él, y no solamente contra la revista Noticias.
Años después, esta marca le valió a Duhalde denuncias y acusaciones de estar implicado en negociados del narcotráfico por su vinculación con la corruptela de la Bonaerense. En aquellos años, la dirigente Lilita Carrió hizo una fuerte denuncia al respecto y declaró: “Duhalde es el garante del narcotráfico”
En 2013, otro año electoral, hubo huelga policial y saqueos fomentados por la propia Bonaerense. Este hecho tuvo un epicentro en la ciudad de Mar del Plata. El 8 de diciembre, un grupo de integrantes de la Caballería iniciaron una protesta en la zona de Parque Camet, en reclamo por aumentos salariales. Fueron acompañados por Carlos Pampillón, líder de ultraderecha. Vale prestar atención a que estos acontecimientos suceden en años impares, que casualmente son los años en los que hay elecciones.
Aquel diciembre, los policías marplatenses también se concentraron en la Comisaría Primera y anunciaron un acuartelamiento en todas las dependencias. El intendente Gustavo Pulti denunció que desde las redes sociales se intentaba provocar una sensación de caos y recomendó a los comercios no abrieran sus puertas el día siguiente.
Este acuartelamiento en Mar Del Plata tuvo, como dice el informe del fragmento que acabamos de pasar, la particularidad de haber sido conducido por un civil, Pampillón. Tres años después, él y un grupo de jóvenes fueron denunciados por formar parte de una banda neonazi. En su caso, se salvó de la prisión y tuvo que realizar cursos de derechos humanos, los jóvenes si fueron a prisión luego de que se comprobase que atacaran de manera organizada a activistas políticos e integrantes de la comunidad LGBT.
Luego, cuando María Eugenia Vidal asumió como gobernadora de Buenos Aires en 2015, se enfrentó a una Policía Bonaerense marcada por la corrupción, la desorganización y la mala relación con la sociedad. Intentó implementar reformas para profesionalizar la fuerza, mejorar salarios y establecer controles más estrictos, como la creación de una Superintendencia de Asuntos Internos para investigar delitos y abusos dentro de la Policía. Sin embargo, estas medidas encontraron una fuerte resistencia interna, ya que muchos sectores estaban acostumbrados a operar con autonomía y tolerancia a prácticas corruptas. Es importante recordar que Vidal pasó su tiempo como gobernadora viviendo en una base militar.
Durante su mandato, la Bonaerense protagonizó varias protestas y huelgas encubiertas, reclamando mejores condiciones laborales y aumentos salariales. Vidal mantuvo una postura firme, negándose a ceder ante la presión policial, lo que generó tensiones y momentos de alarma pública debido a la ausencia de patrullajes en algunas zonas. Este conflicto reflejó la batalla constante entre la intención de modernizar y controlar democráticamente la fuerza y una estructura policial acostumbrada a funcionar con autonomía y protección política, extorsionando a los políticos y limitando el alcance real de sus reformas.
En la apertura de las sesiones en la Legislatura bonaerense en 2017, Vidal señaló esta problemática y dijo: “Todavía hay sectores que son parte de un sistema de corrupción y tenemos que separarlos”. No estamos hablando de los kirchneristas ni del “enano comunista”, sino de la exvicegobernadora del PRO.
Una huelga policial que se dio en un año par fue la de 2020, inmediatamente después de que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganó las elecciones. La fuerza cercó la residencia del gobernador y la Quinta de Olivos, y el entonces presidente dijo: “Este no es el modo, espero que reflexionen y cesen con esta mecánica”.
Lo que sucedió en ese momento fue una ruptura. Es decir, la Bonaerense provocó la ruptura del acuerdo que existía en aquel entonces, en el pico de la pandemia, entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente, porque le quitaron fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia, con el objetivo de mejorar la situación económica de la Policía Bonaerense.
Durante este 2025, alrededor de algunos casos de inseguridad, dirigentes de Gobierno Nacional instalaron la idea de que la Provincia de Buenos Aires “es un baño de sangre”. A partir de ahí, figuras políticas como el diputado José Luis Espert explicaron y el propio Milei plantearon que la culpa la tenía el garantismo del gobernador Kicillof. De hecho, el propio Presidente planteó que había que intervenir la provincia y que Kicillof tenía que dar un paso al costado. "No voy a dejar pasar que digan que la provincia es un baño de sangre. El que diga esto va a tener que hablar con Bullrich", respondió el gobernador en mayo de este año.
Por otro lado, durante 2023, el propio día del cierre de campaña, hubo un brutal hecho de inseguridad en Lanús que fue utilizado por la oposición para atacar al entonces gobierno del Frente de Todos. Este hecho, en el que mataron a una pequeña de 11 años llamada Morena, hizo que se suspendan todos los cierres de campaña, empezando por el candidato peronista Sergio Massa.
La inseguridad en la Provincia de Buenos Aires no es una sensación. Al mismo tiempo que bajaron los homicidios, subieron los robos. No será un baño de sangre, pero si uno de inseguridad. De hecho, el Ministerio de Seguridad de la Nación reportó un incremento del 18% en los robos denunciados, pasando de 107.769 en 2023 a 128.477 en 2024, lo que demuestra un aumento del 20%. Esto representa una tasa de 706 robos cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional.
Probablemente los números de inseguridad no puedan ser separados del deterioro general de la vida de la población y la concentración de personas por debajo de la línea de pobreza en el conurbano bonaerense, donde se concentran la mayoría de las industrias, que sufrieron un parate el año pasado. Sin embargo, los argentinos tenemos que estar atentos a la utilización política de este tema estructural de la Provincia Bonaerense en la intervención de eventuales sucesos que podrían afectar las elecciones.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
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