Esta no es una columna histórica: tiene absoluto presente en la seguridad militar en Latinoamérica y del uso de las fuerzas de seguridad dentro de Argentina. Habla de Donald Trump, pero también de “la doctrina Bullrich”, por Patricia.
En Argentina, quienes tenemos algunos años recordamos muy bien el debate que suscitaron dos palabras juntas: obediencia debida. En un momento, se planteó que los militares de menor rango que habían desaparecido, torturado y asesinado a otros argentinos habían seguido órdenes y debían estar exentos de los castigos que llegaron con la vuelta de la democracia. El Ejército, se decía, es una institución jerárquica, entonces quién está abajo de la cadena de mando no puede hacer otra cosa que obedecer.
Nos preguntamos en aquellos años si un militar estaba subordinado a su superior o a la Constitución y la legislación vigente de un país. Es decir, ¿a quién le debe más lealtad un soldado? ¿A la Constitución Nacional o a su superior? Con mucho esfuerzo entendimos que la Constitución estaba por encima de cualquier orden de un superior y que esto era totalmente necesario para que funcione una democracia. Nadie puede obligar a un soldado ni a ningún funcionario estatal que vaya en contra de la ley.
Hoy no tenemos ese debate en nuestro país, pero se trasladó a la democracia más importante del mundo: Estados Unidos. En este momento hay una discusión muy profunda que atraviesa el país más poderoso del planeta, desde que el presidente Trump obliga al ejército a alinearse detrás de sus concepciones, muchas veces en contra de la propia legislación vigente.
La situación actual en el ejército estadounidense se encuentra marcada por una profunda tensión y confrontación directa entre la administración del presidente republicano y una fracción significativa de líderes militares, tanto activos como retirados, especialmente aquellos con afinidad demócrata. Esta fricción se ha visto exacerbada por el retiro anticipado del Almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), y la posterior y enérgica intervención pública de parlamentarios demócratas veteranos.
El Almirante Holsey, un comandante de cuatro estrellas que supervisaba las operaciones militares en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, anunció su retiro de la Marina a mediados de diciembre, a pesar de haber cumplido apenas un año de su mandato de tres años al frente del SOUTHCOM. Si bien no ofreció una razón oficial para su partida prematura, fuentes cercanas a él indicaron a los medios de comunicación que había manifestado serias preocupaciones respecto a las políticas militares impulsadas por la administración de Trump, particularmente los recientes ataques con misiles contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.
Quien también manifestó sus críticas al despliegue militar de Trump sobre las aguas del Caribe fue el Papa León XIV. "Un país tiene derecho a tener un Ejército para tener paz, pero eso parece ser diferente. Leí una noticia que dice que se están acercando cada vez más a las costas de Venezuela", dijo el pontífice.
Esta operación ha generado controversia por el uso de fuerza militar y posibles violaciones del marco legal estadounidense. La salida de Holsey, en un momento de crecientes tensiones con Venezuela y acumulación de fuerzas en el Caribe, fue inmediatamente catalogada por el senador Jack Reed, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, como "preocupante" y una "señal alarmante de inestabilidad dentro de la cadena de mando".
El retiro del Almirante Holsey se suma a un patrón de renuncias y despidos de alto perfil de líderes militares y de inteligencia bajo la Administración Trump, lo que, según críticos como el cofundador del Black Veterans Project, Richard Brookshire, es un claro ejemplo de altos mandos "empujados al límite".
Ahora veamos un informe televisivo que enmarca el retiro de Holsey en una suerte de depuración o purga de Trump de los militares institucionalistas. Según expertos, se trata de un intento del Pentágono y Trump para lograr mayor poder político entre los altos rangos militares".
Frente al retiro de Holsey, Trump planteó que fue necesario para subsanar una situación de “exceso de inclusión en el Ejército de los Estados Unidos”, porque Holsey es un militar de alto rango y negro.
Este ambiente de inestabilidad y desconfianza se intensificó con la publicación de un video por parte de seis congresistas demócratas, todos ellos veteranos con experiencia militar o de inteligencia, en el que se dirigían directamente a los miembros del servicio activo.
En el video, bajo el lema "No abandones el barco", estos legisladores instaron explícitamente a los militares a "rechazar órdenes ilegales". Los senadores demócratas llaman a los militares a "no cumplir con órdenes que estén fuera de la ley".
La congresista Chrissy Houlahan, veterana de la Fuerza Aérea, enfatizó que la ley es clara: "No se supone que debemos usar a nuestros militares contra nuestros propios ciudadanos. Y punto". Esta acción se produjo en el contexto de una retórica incendiaria de la Administración Trump, que ha sido criticada por impulsar políticas que algunos ven como una politización de las fuerzas armadas y que podrían llevar al uso de tropas en situaciones de orden público interno contra ciudadanos estadounidenses.
La congresista alude a que, durante las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd, se desplegaron miles de efectivos de la Guardia Nacional. La mayoría operó bajo el control de los gobernadores para ayudar a las fuerzas policiales estatales. Sin embargo, en Washington D.C., que no es un estado y depende directamente del gobierno federal, el Presidente ordenó el despliegue de unidades de la Guardia Nacional federalizada, utilizando personal con entrenamiento militar para el control de multitudes cerca de la Casa Blanca.
Además de la Guardia Nacional, la administración Trump generó controversia al desplegar agentes de agencias federales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals) en varias ciudades. Aunque técnicamente no son el "Ejército", estos agentes poseen entrenamiento, equipos y tácticas que se asemejan a las fuerzas militares. Su presencia en ciudades como Portland, Oregón, donde se les vio arrestando a manifestantes sin identificación clara, fue considerada por los críticos como un uso de fuerzas federales con características paramilitares para reprimir a la población, contraviniendo el espíritu de Posse Comitatus, la ley de 1878 que prohíbe el uso del Ejército para tareas de seguridad interna.
La situación de confrontación entre el poder político y las Fuerzas Armadas o de seguridad se manifestó en la administración de Trump al empujar los límites de la ley con el despliegue de militares en asuntos domésticos, una tensión que encuentra ecos, aunque en proporciones y marcos legales incomparables, en la gestión de Bullrich en Argentina, donde las políticas de mano dura han llevado a integrantes de las fuerzas de seguridad a ser procesados por excesos.
El impacto más directo de esta política se ve en los miembros de las fuerzas que han terminado siendo castigados por la justicia por excederse en sus funciones. Un caso notable es el del gendarme Juan José Acosta, quien fue procesado y condenado por la Justicia Federal por el uso excesivo de la fuerza durante una manifestación en el Congreso Nacional en 2017 contra la reforma previsional.
Acosta, junto con otros efectivos, fue acusado de agredir a manifestantes, con videos que evidenciaron el uso de una violencia desmedida. Este caso y otros similares ilustran que, si bien la orden política es ser duros, la responsabilidad penal individual subsiste cuando se traspasa la frontera de la legalidad, lo que termina generando un costo personal y profesional para los efectivos de las fuerzas de seguridad que exceden los límites.
La respuesta de Trump a la intervención de los parlamentarios demócratas fue inmediata, contundente y extrema. El presidente arremetió contra los legisladores, acusándolos de "sedición del más alto nivel" y sugiriendo que su comportamiento justificaba su arresto y procesamiento por traición, llegando incluso a exigir la pena de muerte para ellos.
Trump ha manifestado en repetidas ocasiones una visión de las fuerzas armadas que prioriza la lealtad personal sobre la constitucional, desestimando las preocupaciones de los altos mandos y criticando abiertamente a figuras como el general Mark Milley. El presidente ha expresado su descontento con la falta de aplausos en reuniones con altos mandos militares y ha impulsado una agenda que, según analistas y opositores, busca alinear al liderazgo militar con sus posturas políticas.
El contraste entre la visión de los veteranos demócratas, que apelan a la lealtad a la Constitución, y la reacción de Trump, que la califica de "traición" y pide el encarcelamiento de los congresistas, subraya la profunda crisis de confianza y el choque institucional que se vive entre la Casa Blanca y sectores clave del establishment militar.
En esencia, la retirada del Almirante Holsey y la acción de los parlamentarios demócratas veteranos han puesto de relieve la preocupación de que la politización del ejército por parte de la administración Trump esté debilitando la fortaleza institucional y la lealtad a los principios democráticos dentro de una de las instituciones más respetadas de Estados Unidos.
Según trascendidos en el mundo militar internacional, el problema de Trump es con los mandos altos. Los mandos medios y la base del ejército son permeable a sus planteos ideológicos y a cierta narrativa trumpista de “volver a las fuentes” del ejército, en relación con el modelo de soldado americano clásico, de combate directo sin tanta mediación tecnológica y con mayor disciplina. Sucede que en el Ejército norteamericano fueron apareciendo otro tipo de soldados que son vistos como nerds y que se dedican a manejar las diferentes plataformas tecnológicas de ciberataques. Trump habla de volver a las bases del Ejército de combate y volver a prohibir el uso de barba, por ejemplo. Son planteos populistas que buscan más seducir a un sector del Ejército que resultados concretos.
Se podría asociar esa forma de devoción que a Bullrich le dispensan ciertos sectores de las fuerzas de seguridad, esta foto de uno de ellos haciéndole la venia en muestra de reconocimiento cuando en 2020 ella ya no era funcionaria, se la ve a la ministra de Seguridad con barbijo cuando ella iba a una marcha en contra de las medidas del gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia
Pero entre los mandos altos se ve a Trump con desconfianza. Hay una fuerte tradición institucionalista en el país que Trump desprecia, además estos militares fueron construyendo sólidas relaciones con los Estados Mayores de diferentes países en el mundo y la táctica geopolítica cambiante de Trump, en la que enemigos y aliados cambian constantemente, complican estas relaciones construidas durante décadas. Además, estos jerárquicos del Ejército no ven con buenos ojos la cercanía de Trump con Putin u otros líderes a quienes se consideran potenciales enemigos.
Volviendo al retiro de Holsey, podemos preguntarnos qué significa para nuestro país que el encargado norteamericano de la seguridad militar de la región haya pasado a retiro por diferencias con Trump. Un video hecho por el equipo de redes de Perfil sobre el Comando Sur y sus funciones, realizado en abril, horas antes de que el propio Holsey visitara Ushuaia, muestra que el Comando es la sección de las Fuerzas Armadas norteamericanas que tiene como campo de acción a América Latina, con la excepción de México.
Pongamos en contexto. Holsey renuncia porque considera que Trump va demasiado lejos en su avance militar contra Venezuela sin pasar por el Congreso norteamericano. ¿Quién vendrá a hacerse cargo del Comando Sur luego del retiro de Holsey en diciembre? Probablemente esa será una clave para entender la política de Trump en la región.
Nuestro país está en una situación de extrema dependencia financiera de los Estados Unidos, quien a su vez trata de apartar la influencia de China de Argentina y la región. Al mismo tiempo, probablemente Trump buscará un jefe del Comando Sur más alineado a su mando. De a poco, todas las partes del rompecabezas se comienzan a unir y vemos la tendencia general de la política injerencista de Estados Unidos en Latinoamérica y se entiende mejor su respaldo económico al Gobierno de Milei. La pregunta para la oposición al Gobierno es qué política desplegar en este contexto tan complejo con tantos intereses geopolíticos en pugna.
Esta es una foto del almirante Holsey, junto a la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Abigail L. Dressel y el comandante del Área Naval Austral (ANAU), comodoro de Marina Guillermo Alberto Prada. Es interesante la foto porque la encargada de negocios de la Embajada norteamericana posa junto al encargado militar de la zona, lo que hace totalmente gráfico esta unión de dinero y armas.
Volviendo a la discusión sobre la obediencia debida, hay un debate profundo de fondo: las instituciones versus la voluntad popular. Trump o, en general, cualquier populista tiene la idea de que cuando son votados por la mayoría de la sociedad, tienen la libertad de hacer más o menos lo que les parece. Siguiendo este planteo, uno puede pensar que el electorado norteamericano sabe la visión que Trump tiene del Ejército y si lo votó, tiene derecho a alinearlo con su visión.
Sin embargo, las instituciones deben preservarse al cambiante humor social, porque si no, no hay democracia. Un día el electorado es mayoritariamente trumpista, al otro demócrata. Sin embargo, la Constitución redactada y corregida durante generaciones es lo que rige a todo el país. No hay voto popular que pueda poner a nadie por encima de la ley, porque si no, la minoría o a las personas que no están de acuerdo con el Gobernante corren el riesgo de no tener derechos o garantías democráticas.
Por eso, no hay obediencia debida a la hora de estar por fuera de la ley. El Ejército y cualquier funcionario no sólo no está obligado a cumplir una orden ilegal, sino que, si lo hace, también está cometiendo un delito.
Es increíble que se esté discutiendo en Estados Unidos, de nuevo, la democracia más importante del mundo, algo que nosotros discutimos en el regreso de nuestra propia democracia hace 40 años. Sin embargo, es un buen ejercicio de memoria.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
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