Juan Martín Mena afirma que hay una intención clara de mostrar como único responsable a Fernando Sabag Montiel por manipular el arma contra la ex presidenta y no investigar al resto de los implicados. Además, señaló las múltiples irregularidades que hubo en la investigación. “No sé qué tenían esos teléfonos de Milman que borraron en las oficinas de Patrica Bullrich, pero si se tomaron el trabajo de eliminar pruebas cuando la justicia las estaba requiriendo, hay un delito de encubrimiento”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Juan Martín Mena es ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue secretario de Justicia de la Nación entre el año 2019 y 2023. Previamente fue subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia en 2015 y subsecretario de Política Criminal de la Nación.
¿Podría ampliarnos el hilo de su cuenta de la red social X que publicó ayer en relación al juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner?
Lo que quise expresar, y que cobró difusión luego de que lo replicara la propia Cristina Fernández de Kirchner, es cómo llegamos a este juicio oral y público sobre los autores materiales del atentado. Lamentablemente, una vez más, como en las grandes causas de este país, un sector muy chico pero poderoso de la Justicia tiene un desempeño que deja mucho que desear. Hay muchísimas cuestiones vinculadas al atentado que no se quieren investigar.
Más allá de sus derechos personales como víctima, teniendo en cuenta lo que representa Cristina Kirchner que fue dos veces presidenta y también vicepresidenta de la Nación, que ni siquiera en un caso así la Justicia pueda mostrar a la sociedad una actuación deseable y respetable habla de un estado crítico muy grande.
Los autores materiales están filmados en vivo y en directo, este será un juicio sencillo en términos probatorios respecto de cómo participaron y llevaron a cabo el intento fallido de asesinarla, pero quedan muchas dudas, no sólo para Cristina Kirchner, sino para todos los argentinos, y es la Justicia la que debe dar respuestas.
¿Usted plantea que resulta conveniente que exista un culpable que asuma la responsabilidad para que el caso cierre?
Hay un culpable material, que es algo que está bastante resuelto. Más allá de la declaración de ayer, las pruebas están a la vista. Hay una cantidad de hechos alrededor de este atentado que, lamentablemente, habilitan cualquier tipo de especulación.
Uno de los puntos es que hay una secretaria de Gerardo Milman que se presentó en mayo de 2023 diciendo que estaba asustada, y que contó que en noviembre, varios meses después del atentado, la convocaron en una oficina de Patricia Bullrich donde un perito en informática estuvo borrando durante cuatro horas los teléfonos de Milman, el de ella y el de otra secretaria, con un abogado de confianza de Patricia Bullrich al teléfono. La jueza y el fiscal no investigaron ese hecho.
Yo no sé que había en esos teléfonos, pero hay un testigo que dice que escuchó a Milman en un bar diciendo "cuando la maten estaré camino a la costa". Milman estuvo en ese bar, algo comprobado, porque se pidieron esas cámaras, al otro día se fue a la costa, y el testigo estaba ahí. De los cuatro hechos que relata el testimonio, tres están comprobados. Habría que ver el cuarto, si efectivamente dijo esa frase. La jueza y el fiscal tampoco lo investigaron. Le dieron tres meses a Gerardo Miman para que entregue sus teléfonos y cuando los entregó estaban borrados, de hecho uno era de un modelo que salió a la venta tres meses después del atentado. A la jueza no le importa cuidar su propio respeto y deja que le tomen el pelo.
Ahora me entero que el perito que borró los teléfonos fue designado por Bullrich y Guillermo Francos como director nacional de Tecnología e Información del ministerio de Seguridad. Además, a la querella llegó información de que el jefe de Gabinete de Milman compartió un viaje al exterior junto a Hernán Carrol, uno de los indicados de estas pseudo organizaciones políticas que aparecieron meses antes del atentado y desaparecieron a fines de 2022.
Hace un año y medio que estamos pidiendo que se verifiquen si compartieron ese viaje, pero la justicia no lo quiso hacer. Es algo tan simple como pedirle el dato a migraciones y recién lo hicieron anoche. Me parece una falta de respeto a todos. Cuando la Justicia, lejos de cumplir su rol constitucional y legal, se maneja por los humores políticos y mediáticos, el daño que le hacemos a nuestra sociedad es muy grande.
El fiscal tenía la contraseña para chequear esto hace un año y medio y efectivamente apareció un viaje, después habrá que ver qué es lo que fueron a hacer a Perú uno de los sospechados con el jefe de Gabinete de Milman. Estas respuestas las tendría que haber dado la Justicia, pero lo que vemos es un intento muy claro de mostrar como responsable al hombre que manipuló el arma y todo lo demás parece ser un obstáculo. Es algo que yo califico como encubrimiento, porque no puede ser que no se investigue para confirmar o para desechar.
¿Cree que si antes de las elecciones se hubiese investigado que el intento de magnicidio no se acaba en los actores materiales eso podría haber cambiado el resultado electoral?
Es algo contrafáctico. Me animo a decir que no, porque creo profundamente en nuestro sistema democrático y en cada argentino y argentina en el cuarto oscuro. Sin dudas, creo que pudo haber especulaciones en ese sentido de parte de quienes decidieron esto. Sinceramente, no me animaría a aventurar el desempeño electoral, pero sí creo que algunos hayan visto algún riesgo muy grande respecto a su situación personal y por eso desplegaron esta estrategia que implica ni más ni menos que cometer delitos gravísimos.
No sé qué tenían esos teléfonos de Milman que borraron en las oficinas de Patricia Bullrich, pero si se tomaron el trabajo de eliminar pruebas cuando la justicia las estaba requiriendo, hay un delito de encubrimiento, y no cualquier encubrimiento, se trata del intento de magnicidio contra una persona que fue dos veces presidenta.
Tenemos que volver un poquito a la normalidad en términos institucionales y de funcionamiento, y que cada poder del Estado vuelva a lo que se dedica. El que hace política que haga política, el que hace justicia que se apegue a la Constitución y a la ley. Particularmente, yo tengo una crítica muy grande por cómo le negaron los derechos a Cristina como acusada, pero que se los nieguen como víctima me parece que es un mensaje a los 47 millones de argentinos. ¿Qué queda para cualquier ciudadano común y para el futuro de nuestros hijos si sabemos que el derecho a la vida no va a estar respetado por un Estado eficiente y ajeno a cualquier tipo de manipulación?
Alejandro Gomel: ¿Cuál es su opinión subjetiva respecto de lo que pasó?
Llevo un año y medio haciéndome esa pregunta. Uno puede hacerse las preguntas que uno crea, pero el fin primordial de la Justicia es buscar la verdad material de los hechos. Muchos años antes del atentado empezamos con discursos de odio terribles. Fuimos corriendo los límites, dejando que pasen cosas que no deberían pasar, que digan cualquier cosa de cualquiera y esto tiene responsabilidades compartidas de muchos ámbitos.
De los discursos de odio pasamos a una pistola en la cabeza de Cristina Kirchner que se gatilló y que, gracias a Dios, no sucedió algo más trágico. Yo no sé si hay un mensaje que diga "mátenla mañana a las 21.10 cuando esté entrando a su casa", pero sí creo que hay complicidades en torno al encubrimiento y que hay mucha responsabilidad de un sector político de fogonear la situación que vive el país.
Las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo estaban financiadas, la guillotina estaba financiada por la familia Caputo a través de la simulación de una compra de 300 mesas de luz a un muchacho que estaba aprendiendo a ser carpintero en un garaje de Boulogne por el cuál pasó caminando Rossana Caputo. Están diciendo que Caputo Hnos., una de las empresas de desarrollos inmobiliarios más grandes del país, no tenía proveedor de muebles y justo buscaron al líder de Revolución Federal, a quién le inyectó decenas de millones de pesos desde marzo de 2022, hasta dos días antes del atentado a Cristina Kirchner.
No sé si está financiado un plan para matarla o si hay un responsable político, eso lo tiene que decir la Justicia, pero sí me queda claro que hubo un clima inescrupuloso e irresponsablemente generado de agresión y buscar que lo que ocurría en las redes sociales pase a la calle. De insultar en twitter pasaron a "tiremos antorchas a la Casa Rosada", "apedreamos ministros" y "pongamos una guillotina pidiendo cortarle la cabeza a Cristina".
ADP FM
