A un mes del juicio por el atentado a CFK la querella vuelve a la carga contra Milman
El Tribunal 6 comenzará a juzgar a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte como presuntos coautores del intento de asesinato mientras que a Nicolás Carrizo se lo investiga como partícipe secundario. Habrá 270 testigos, entre los que estarán la propia Cristina Kirchner. Sin embargo, la exvicepresidenta busca que se avance en la causa por la autoría intelectual y el financiamiento del atentado. El diputado del PRO, Gerardo Milman sigue investigado.
Acusado. Sabag Montiel apunta con un arma a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Apuntado, Milman, por su conocimiento previo del ataque. |
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Alfredo Izaguirre
El 26 de junio, exactamente en un mes, el Tribunal Oral Federal Número 6 comenzará a juzgar a los tres implicados del intento de asesinato a la exvicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Y al margen del proceso que tendrá en el banquillo de los acusados a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte como presuntos coautores de homicidio agravado en grado de tentativa y a Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe secundario, la Justicia continúa trabajando en otras líneas de investigación que buscan dar con la posible autoría intelectual y el financiamiento del atentado.
El diputado Gerardo Milman sigue estando en la mira de la vicepresidenta como la persona que tuvo conocimiento previo del intento de homicidio. En esa derivación del expediente principal que también se la conoce como “Pista Casablanca” se investiga si el legislador efectivamente les dijo a sus colaboradoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz el 30 de agosto en un bar próximo al Congreso, “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, haciendo alusión a Cristina Fernández de Kirchner.
Este hecho fue denunciado en Comodoro Py, 23 días después del atentado por Jorge Abello, quien por entonces era asesor del ahora exdiputado Marcos Cleri, quien estuvo en el Bar Casablanca y habría escuchado al diputado del PRO manifestar esos dichos. A partir de ahí, se inició una discusión entre la querella y la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo de la instrucción, por el secuestro del teléfono de Milman quien en rigor no está imputado en la causa, así como tampoco sus colaboradoras.
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Fue la Cámara Federal porteña quien calmó las aguas y ordenó el secuestro de los celulares del legislador cuyo contenido sigue bajo pericia, luego de que Gómez Mónaco y Bohdziewicz se presentaran a declarar en calidad de testigos y voluntariamente consignaron sus dispositivos a la Justicia.
Dato no menor, Milman denunció penalmente a Abello por falso testimonio y posteriormente fue allanado. En ese expediente que sigue en trámite interviene el juez Julián Ercolini, pero la investigación está a cargo del fiscal Eduardo Taiano. La querella sostiene que no hay indicio alguno para creer que el testimonio de Abello fue falso.
La querella de la exmandataria representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal volvió a la carga en la también conocida como “Pista Milman” y reclamaron allanar todas las dependencias en las cuales el diputado del PRO estuvo y está afectado. En principio los letrados habían requerido dicha medida en el marco de la instrucción suplementaria, pero el tribunal a cargo del debate próximo a iniciar dijo que era una cuestión que correspondía a la magistrada que llevó adelante la instrucción.
Los letrados no tienen muchas expectativas de este último requerimiento, pero la intención para que se investigue hasta el más mínimo detalle sigue completamente intacta. No obstante Ubeira y Aldazábal, pese a las diferencias que tuvieron con Capuchetti durante el primer tramo de la causa donde también reclamaron su apartamiento, se mostraron conformes con las respuestas del Tribunal Oral Número 6 durante la instrucción suplementaria.
A lo anterior se suma la causa “Revolución Federal” que si bien tramita en otro juzgado, para los acusadores particulares no hay dudas de que la agrupación de ultraderecha encabezada por Jonatan Morel tuvo que ver con la instigación al atentado, además de la sospecha que detrás de ellos hubo una fuente de financiamiento oculta, presuntamente vinculada a la política para la realización de diversas manifestaciones contra Cristina Fernández.
Otras de las investigaciones que orbitan en el expediente del atentado tiene que ver con el rol del la custodia de la expresidenta la noche del intento de homicidio, en ese sentido los magistrados a cargo del juicio reclamaron el sumario administrativo que se inició a los agentes de la PFA por su actuación durante la noche del atentado.
La destrucción del teléfono de Sabag Montiel, el hombre que gatilló dos veces en la cabeza de Cristina, también es objeto de investigación. Si bien no es parte del juicio a iniciar en un mes, fue el primer traspié con el que se encontró la Justicia minutos después de haber quedado detenido.
Dicho expediente está radicado en el juzgado de María Romilda Servini, quien en las últimas horas aceptó como querellante a la exvicepresidenta. Con esto, sus abogados no solo podrán acceder al expediente sino también proponer medidas, exigir pericias particulares e impulsar otras líneas de investigación.
En tanto, el inicio del juicio contra Los Copitos sigue firme. Hasta el momento el TOF 6 avaló que sean más de 270 personas las que declaren como testigos en el proceso que comenzará exactamente en un mes, una de ellas es la propia Cristina Kirchner –de quien no se descarta, vuelva a Comodoro Py–, pero no como acusada, sino como la víctima de un hecho que conmocionó al país y reviste gran gravedad institucional.
