Los surtidores eléctricos de autos, trabados por un vacío legal en Argentina
En medio del acelerado avance hacia la transición energética y la electro movilidad, los surtidores tendrán que esperar a la regulación para poder desarrollarse en el país.
Los surtidores eléctricos de autos trabados por un vacío legal en Argentina |
Telam
El camino hacia la transición energética está en marcha, y avanza a pasos agigantados, no solo en Argentina sino en el mundo entero. Según estimaciones privadas para el 2030 habrá unos 27 millones de vehículos eléctricos y por eso podría generarse una crisis mundial de cobre.
Al respecto, Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), señaló a Modo Fontevecchia, que “es real la curva de crecimiento de los autos eléctricos, con un stock actual de 16 millones de unidades a nivel global. Sin embargo, se calcula que esto cambiará rotundamente para el 2040 con las políticas de incentivo que hay en países de la Unión Europea, Norteamérica y Asia, donde se incentiva a que las automotrices migren al 100% sus plantas de autos a combustión, entre el 2035 y el 2040”.
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El titular de la entidad advirtió que “con un 100% en la producción de autos eléctricos, se llegaría al 2040 con casi 380 millones de autos eléctricos”.
En el limbo: surtidores eléctricos vs. vació legal
Con este panorama planteado, lo cierto es que los surtidores eléctricos ya están operativos en distintos países del mundo, Sin embargo, en Argentina existe un impedimento para el desarrollo de este sistema: el vacío legal que imposibilita poder implementarlos.
En concreto, uno de los debates sobre el que aun no encuentran punto de entendimiento, se refiere al modo de implementar y asignarle valor al servicio. Asimismo, no se definieron los criterios que deben tenerse en cuenta para definir y realizar el cobro.
"No está definido un precio al cual realizar las transacciones y tampoco está claro en base a qué cobrar el servicio", señaló Roberto Stazzoni, titular de ABB, empresa líder en tecnología de vanguardia proveedora de la red de surtidores. Además advirtió que "la inversión a realizar tanto en el equipo como en la instalación sin un modelo de negocios que muestre un retorno de la inversión adecuado, constituyen una barrera particular al desarrollo de las redes".
De este modo, el problema se reduce a la ausencia de norma, una falencia argentina que se repite en tantas otras situaciones, y que deja a los surtidores eléctricos en medio de un limbo legal. Así, la red de surtidores eléctricos en el país deberá superar este vacío legal para poder desarrollarse.
A su vez, Stazzoni remarcó que "al no estar definidas las variables asociadas a la venta del servicio de recarga, existe temor a enfrentar impedimentos en la venta de energía eléctrica".
La dificultad para determinar el precio o valor por el servicio de carga en los surtidores eléctricos, ya sea por medida kilovatio/hora o por tiempo de espera, no es problemática exclusiva de la Argentina. De hecho, en no pocos países ante esta complicación y la falta de acuerdo se resolvió implementar la carga en forma gratuita.
Tal es el caso de la petrolera de bandera nacional, YPF, que ofrece el servicio de carga gratuito en sus 33 surtidores de recarga eléctrica. No es el caso de Shell que opera el servicio y cobra $3.500 por media hora de estacionamiento. Cabe aclarar que este es el tiempo necesario que toma realizar una carga eléctrica en surtidores de alta potencia.
Un vacío legal con historia
El problema de la falta de regulación legal para poner operativos los surtidores eléctricos en el país, es una situación que tiene comienzo hace años, más precisamente en 2017. De hecho fue con el mismo inicio de la actividad, tras la inauguración que realizó YPF del primer cargador en la estación de servicio que el Automóvil Club Argentino (ACA) tiene instalado en el barrio porteño de Palermo.
En ese entonces, la prestadora Edesurinició un reclamo formal ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), argumentando que la petrolera había incurrido en una violación al contrato de concesión, que según alegó la distribuidora, le garantizaría la "exclusividad zonal", tanto del expendio como de la venta de energía eléctrica.
La respuesta del ENRE
Lo cierto es que tras tomar intervención el ente regulador, mediante un comunicado formal dio a conocer su decisión. Definió que no correspondía hacer lugar el reclamo de Edesur debido a que "la actividad cuestionada no encuadra dentro de la exclusividad concedida" mediante el contrato referido. Por lo tanto, la actividad resultaba “claramente ajena a las definiciones del servicio de distribución contenidas en la legislación aplicable".
Al tiempo que notificó a Edesur, haciéndole saber que la distribuidora podía encargarse de suministrar energía para la carga de vehículos eléctricos, pero en tal caso, "esta actividad sería encuadrada como 'actividad no regulada'".
La importancia de poder definir el modo de cobrar por el servicio radica en poder recuperar la inversión inicial para poner operativo el servicio. En ese sentido, Stazzoni en un estudio elaborado en 2021, ya había señalado que “un cargador de 50 kw de potencia, el primer escalón para un sistema de carga pública, tendría un costo de USD 35.000, a los que deben sumarse USD 14.500 de instalación y puesta en marcha y otros USD 500 dólares por honorarios para la empresa que realice los trámites”.
Por consiguiente, los expertos en electro movilidad estiman que para recuperarse la inversión inicial de USD 50.000 dólares, a los que se suman los costos de mantenimiento, hace necesario definir la modalidad de cobro del servicio.
No obstante el problema y el actual vacío legal que opera como traba, la red de surtidores eléctricos sigue expandiéndose con un constante crecimiento que ya lleva casi seis años. La prueba de ello, es que ya existen instaladas 230 unidades para carga eléctrica dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en 18 provincias, con miras de continuar su expansión al resto del territorio nacional.
Por otra parte, la instalación de los cargadores acompaña el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos e híbridos en Argentina. En ese sentido, cabe destacar que en el primer semestre del año se registró un total de 4.672 patentamientos según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Esto representa, una suba del 33,7% interanual.
