La disolución de las nuevas ONG, a petición del regimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 14 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron. Dos no asistieron a la sesión.
Entre las ONG impugnadas figuran la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Ortega y a quien denunció en 1998 de abusos sexuales, así como el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, y la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, la Fundación Esquípulas y la Academia Nicaragüense de la Lengua, entre otras.
El Ministerio de Gobernación argumentó que esas ONG incumplieron las leyes por no inscribirse "en el registro de Agentes Extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros", aprobada por los legisladores sandinistas tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
Entonces, miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra unas controvertidas reformas a la seguridad social que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, tildadas por el régimen de intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Las controvertidas presidenciales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega resultó reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, dejaron a Nicaragua al borde de la deriva democrática.
GA PAR
