El dirigente sindical, Rodolfo Aguiar, sostuvo que en las elecciones ganó la idea de que “el Estado tiene que cambiar”, y que frente a esto los sindicatos deben hacer una autocrítica: “No estuvimos a la altura de las circunstancias para sentarnos antes en una mesa y estar dispuestos a discutir un nuevo Estado”, expresó. Por otro lado, señaló que la Ley Bases es “un plan para colonizar la Argentina” que muestra señales de “ineficiencia” por parte del Gobierno a la hora de manejar el Estado. “Si esta norma se aprueba, a partir de esta noche nos convertiremos en un laboratorio mundial del liberalismo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Rodolfo Aguiar es secretario general de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Rio Negro. Anteriormente, fue secretario general del consejo directivo de ATE en Rio Negro.
En pocos minutos comenzará la maratónica sesión en el Senado para tratar la Ley Bases. Mientras tanto, la Plaza de los dos Congresos está recibiendo gente que se manifiesta en contra del proyecto libertario. ¿Cómo analiza las negociaciones contrarreloj que se están llevando entre el Gobierno Nacional y los senadores para que se apruebe o no la Ley Bases? ¿Cómo ve la situación?
Si se aprueba la Ley Bases lo que se provocará va a ser un daño irreparable para la Argentina. Si uno analiza la reforma laboral que incorpora la iniciativa, puede notar el fraude laboral más grande de la historia. Se trata de una reforma laboral absolutamente regresiva, que una vez instalada va a ser muy difícil de revertir.
Podemos tomar como ejemplo lo que sucede en países como Colombia, Chile o Brasil, que a pesar de los esfuerzos que realizan, todavía no pueden desmontar el entramado jurídico que el gobierno liberal les había establecido para flexibilizar las relaciones laborales en esos países
Ni un solo artículo de esta ley supone un beneficio o consagra un derecho para las personas que trabajan. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya estudió esto, en el año 2015 encargó el análisis sobre los efectos de la crisis del 2008, y según el estudio, en 63 países que impulsaron legislaciones similares a la norma que se va a tratar hoy en el Senado, el resultado fue que en todos los países este modelo fracasó, porque cuando hay emergencia de salarios y emergencia en empleo, hay que hacer todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno.
La informalidad hoy, según el INDEC, es del 45.3%, pero por este camino en el corto plazo va a llegar al 70%, porque esta reforma va a favorecer a una altísima rotación de trabajadores, va a haber más precariedad para lograr que el trabajador tenga estabilidad en un puesto determinado. Si esta norma se aprueba, a partir de esta noche nos convertiremos en un laboratorio mundial del liberalismo, promoviendo esa utopía del mercado autorregulado.
Alguna de las cosas que pasaron en las últimas horas sorprenden, creo que esta senadora neuquina Crexell, tiene que ser investigada por el delito de cohecho, su figura podría estar contemplada en la figura del artículo 419 del Código Penal, que da pena de prisión de 1 a 6 años a aquellos que soliciten o acepten favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Llama mucho la atención que en este caso, a horas de la votación, aparezca el intento de designación en una embajada extranjera.
¿Cuál es la visión de los diputados de Santa Cruz, con una perspectiva patagónica como la que usted tiene, y al mismo tiempo relacionados con los recursos naturales y la energía?
De los patagónicos va a haber posturas variadas, creo que muchos gobernadores caen en la trampa de realizar algunos acuerdos cortoplacistas, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Realmente algún gobernador cree que se va a salvar de la tierra arrasada que este gobierno va a dejar si se termina votando de manera positiva esta ley? El RIGI es la entrega completa de todos nuestros recursos naturales, las industrias locales que quieran invertir van a tener que pagar más impuesto que los que vengan de afuera, desaparecen las PyMEs.
Además, hay una alarmante pérdida de soberanía jurídica, porque frente a cualquier conflicto nos sometemos a los tribunales internacionales. Lo más grave es el uso del agua, el acceso al agua es un derecho humano fundamental. Los delincuentes senadores y senadoras que aprueben la ley, van a votar para que las empresas tengan prioridad a la hora del consumo. Estamos frente a un plan para colonizar la Argentina.
Esto sucede en un país donde coexisten la máxima riqueza con la pobreza más absoluta. Analicemos lo que pasó desde diciembre del 2023 hasta acá, la pobreza trepó 11 puntos y la indigencia se duplicó, algo que nos muestra que estamos asistiendo a un empobrecimiento de los pobres. Los pobres son cada vez más pobres, nosotros decimos que no nos van a usar como experimento, no van a experimentar con nosotros estas teorías dañinas y delirantes que ya fracasaron en todo el mundo. No vamos a permanecer impávidos o mirar para otro lado mientras se intenta destruir el Estado, como lo dijo el propio Presidente.
Alejandro Gomel: El Presidente fue bastante claro, dijo que en el Estado se vienen 50 mil despidos más, ¿cómo se prepara ATE ante esto?
Creo que el Presidente muestra un absoluto desconocimiento del Estado y de su gestión. Resulta imposible que la administración pública y sus servicios básicos puedan seguir funcionando al despedir 50 mil trabajadores.
No lo vamos a permitir. Desde ATE hay paro general para hoy, con concentraciones a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de los dos Congresos, pero también la máxima autoridad de nuestros sindicatos, que es el Congreso con representación de todas la provincias, ya definió una nueva medida de fuerza nacional para el 27 de junio, en la antesala del vencimiento de estos 60 mil vínculos a los que alude el Presidente, que se da el 30 de junio.
Hemos tenido que ser testigos de una vergüenza descomunal. El propio Presidente le dijo a una colega extranjera de ustedes que era un “topo”, un infiltrado en las filas enemigas, una persona que odia el Estado para destruir el Estado desde adentro, utiliza términos de guerra.
Nosotros respondemos que el Presidente en este momento es el enemigo número uno. Este Gobierno no pasa por su mejor momento, comienzan a aparecer señales de desmanejo e ineficiencia a la hora de manejar el Estado, se nota que algunos de los funcionarios o funcionarias que integran el Gabinete no tienen la capacidad ni para administrar una junta vecinal, y además ya se presentan los primeros signos de corrupción de este Gobierno. Sin lugar a dudas el apoyo popular a la gestión del nuevo gobierno cae de manera acelerada.
AG: ¿El Presidente es el enemigo número uno del Estado? ¿Está paralizado el Estado?
Es el enemigo número uno del Estado y de quienes damos la vida todos los días para garantizar el funcionamiento del Estado. Está claro que estamos frente a un gobierno que ha decidido subordinar al Estado y beneficiar a los intereses de las corporaciones extranjeras, basta con ver quienes son los únicos beneficiados en estos meses.
No perdieron todos, con Milei ganaron los bancos y las energéticas, además de elevar la rentabilidad de las petroleras que se beneficiaron con el aumento de las tarifas de todos los servicios públicos. Elevó los márgenes de ganancias de las cerealeras y de las mineras exportadoras. Está muy caro lo que está pasando en la Argentina y esta Ley Bases pretende hacer de nuestro país una entrega de todas nuestras riquezas naturales, algo que no pasó ni con la dictadura.
Claudio Mardones: El DNU 70/23 sigue vigente, y no pierdo de vista que uno de los puntos que establece es la posibilidad de abrir el paquete accionario y poder transformar como sociedades anónimas a las empresas del Estado, ese plazo está previsto dentro de los seis meses. ¿Qué sabe al respecto de su aplicación?
Hasta ahora, la justicia logró suspender el capítulo laboral, pero como usted bien refiere, es un DNU que se mantiene vigente y destruye vidas y al país. No tenemos ningún dato corroborado sobre lo que vaya a ocurrir, pero nos da la posibilidad de hablar del rol que está desempeñando la justicia, sobre todo la Corte Suprema, que hasta aquí se ha negado a intervenir a pesar del deterioro grave que ese DNU está generando en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
No sabemos si va a ser utilizado, pero por supuesto rechazamos cualquier posibilidad de que las empresas del Estado puedan ser desmanteladas o que su paquete accionario cambie a partir del DNU 70/23.
¿Que lleguemos a esta situación, no nos debería hacer replantear a todos autocríticas? ¿Habría una autocrítica para hacer desde todos aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad? ¿Habría una autocrítica para hacer también desde los sindicatos?
Sin lugar a duda. Me voy a limitar a la representación específica que tenemos, que son los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, que son tres millones y medio en el país y medio millón representados por ATE. El 48% de ellos, según una medición razonable, votó al actual gobierno. Creo que en las elecciones triunfó la idea de que el Estado tiene que cambiar, que así como está y con el correr del tiempo, ha venido alejándose de las verdaderas necesidades que tiene la gente, no era capaz de brindar en tiempo oportuno las respuestas que espera buena parte de la ciudadanía, o un Estado que frente a los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, tiene que revisar y poder modernizar su funcionamiento, por supuesto.
Tal vez nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias para sentarnos antes en una mesa y estar dispuestos a discutir un nuevo Estado, pero ese Estado tiene que tener como norte aumentar la cantidad y la calidad de servicios que le brinda a la gente, debe ser un Estado que esté al servicio de nuestro pueblo, no este Estado que nos están planteando ahora, que es un Estado sólo al servicio de 4 o 5 grupos empresarios.
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Lo más grave son los argumentos por los cuales seguramente van a levantar la mano hoy, los fundamentos que usan desde el Gobierno y desde los empresarios para poder justificar esta reforma laboral. Por un lado dicen que esta reforma es la única manera de poder generar empleo registrado y por el otro aseguran que los derechos laborales han convertido un obstáculo en el crecimiento económico, y esto es una falacia, porque en ningún caso una reforma laboral de este tipo genera empleo o mejora los indicadores sociales y económicos, todo lo contrario.
En todos los casos empeoraron, por supuesto que formamos parte de la autocrítica que hay que hacer. Ahora, uno escucha a distintos gobernadores y nota que dicen que hay que votarle herramientas al Poder Ejecutivo porque no existe ningún caso en el que no se le hayan dado herramientas a los 100 días de un gobierno, pero ¿dónde dicen esto? ¿Está escrito en algún lugar que si la ley que requiere un gobierno es para destruirlo todo hay que votarla? Desde ATE seguimos pensando que el contrato social por el que nosotros trabajamos está basado en una sociedad que tiene que tener pleno empleo y salarios dignos con derechos sociales y libertad sindical. Hoy, la libertad sindical, dentro de muchas libertades, está siendo fuertemente amenazada en el país.
VFT
