La Consejera de la Magistratura de la Nación, Vanesa Siley, aseguró que con el juicio político a la Corte se darán a conocer ante la sociedad “los motivos por los cuales entendemos que las personas que hoy ocupan el cargo de jueces no lo están llevando con la actitud moral que implica el cargo”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).
Usted se refirió al intento de juicio político a los jueces de la Corte Suprema como un hecho histórico en la Argentina. ¿Por qué le da esa relevancia?
Porque no sucede algo así todos los días en nuestro país, un juzgamiento de la idoneidad, del desempleo en el cargo, o incluso la investigación de posibles delitos que pudieran haber cometido miembros de la Corte.
La última vez que sucedió algo así fue contra “la Corte de la mayoría automática” de Menem en el 2002, que culminó en el 2005. Este juicio político viene después de 21 años de que no sucediera algo así. El pedido de juicio político a la Corte Suprema es histórico.
El juicio político es un control entre poderes, una forma de controlar el Poder Judicial prevista en la Constitución, a través de un órgano político, que es el Congreso. Eso implica un carácter histórico y la dirigencia tiene que estar a la altura de las circunstancias.
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En un juicio político no se juzga a la persona, sino al funcionario que ejerce el cargo. A la persona la juzga la Justicia, en todo caso. Se juzga al funcionario con el fin de preservar la Corte y la institucionalidad.
Cuando se juzgó a la Corte de la mayoría automática, en 2003, había acuerdo de todo el arco político en que esa Corte Suprema no estaba a la altura de las circunstancias, y el oficialismo contaba con la cantidad de miembros para llevar adelante el juicio político. Hoy no se cuenta con esas circunstancias.
Cuando se inició la discusión, en el 2002, todavía no era Kirchner el presidente, sino Duhalde. En su momento, sólo se obtuvo dictamen de comisión, el pedido era contra el juez Julio Nazareno, que después terminó renunciando.
Una de las causales era que se habían votado como presidente y vicepresidente de la Corte, otra era que las relaciones que tenía con el ex presidente Carlos Menem lo deberían haberse hecho excusar de muchísimas causas que llegaron a sus manos, por lo que se juzgó su falta de imparcialidad. En algunas circunstancias es muy similar a lo que está ocurriendo ahora.
Hemos escuchado que algunos pedían recusar a los miembros que integran la comisión, pero los diputados no deben ser imparciales, llegan a su cargo por un partido político. Representan intereses concretos y un programa político, y la Constitución le otorga a esa cámara la potestad de iniciar un juicio político a la Corte, que tiene objetivos políticos y no judiciales o penales.
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En su momento, con Duhalde, no se llegó al recinto, pero se inició un proceso de investigación que sirvió como base para continuar cuando hubo una firme voluntad política de hacerlo, en el gobierno de Néstor Kirchner en 2003.
Proceso que llevó, a mi juicio, a tener una Corte que fue la más prestigiosa de la democracia. Luego se fue degradando hasta tener lo que tenemos hoy en día, donde la mitad de sus miembros aceptaron ser designados por DNU, un mecanismo que no está permitido.
Otra similitud es que no estaba todo el arco político de acuerdo con los juicios políticos en 2002 y 2003. Se opusieron los diputados y senadores que respondían a Carlos Menem. La UCR sí apoyó el juicio político.
Nadie se baña dos veces en el mismo río, jamás se repiten los acontecimientos históricos de igual modo. Uno de los pedidos de juicio político a Lorenzetti que serán tenidos en cuenta en la comisión, en su momento, lo presentó Elisa Carrió, y luego fue ampliado por otros miembros de la Coalición Cívica.
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Pero hoy hay una polarización entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos que no había en su momento alrededor de la discusión, porque el radicalismo apoyaba el juicio político.
Sí, son contextos históricos diferentes en los que se activó el mecanismo constitucional del juicio político.
Primero tiene que funcionar la comisión, luego hay que llevar adelante este proceso de investigación, y en él contrastar los hechos denunciados, que son varios. Está lo del Consejo de la Magistratura, y lo de coparticipación, sentencias que se inmiscuyeron en atribuciones propias, exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado.
La coparticipación determinada para el año 2023 no prevé este fallo, ni el 2,95% que hay que darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También fue denunciado el famoso caso Muiña, en el cual se aplicó la figura del 2x1 para un ex militar que había sido condenado por delitos de lesa humanidad, y se determinaba su libertad con la aplicación de esa reducción de la pena.
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En 2018 hubo una enorme movilización contra esto, porque hay un arraigo mayoritario en la sociedad argentina de que los derechos humanos sean una política de Estado permanente, más allá de los gobiernos.
El otro tema es la obra social del Poder Judicial. Hay denuncias en curso sobre posible malversación de fondos y espionaje a empleados de la obra social. Un desmanejo administrativo y financiero demostrado por auditorías que mandó a hacer la propia Corte, por eso se los cita a quienes firmaron esas auditorías.
En 2003 el Gobierno contaba con los votos para avanzar con el juicio político. Incluso, la intervención decidida de Néstor Kirchner provocó que algunos de los miembros de la Corte renunciaran antes de que se consumara el juicio político, hoy no es esa la situación. ¿Te parece que el sólo hecho de que se discuta en comisión lo convierte en un hecho histórico?
Sí, porque hay que empezar. Lo comparo con el inicio de esta discusión en 2002. Esto se va a votar en comisión, se tiene que elaborar un dictamen acusatorio. Iniciaría la parte de instrucción, donde se pueden llamar testigos, se produce la prueba, se solicitan documentos, se pide información y se pueden pedir intervenciones telefónicas y allanamientos.
Eso luego concluye en un dictamen acusatorio, que tiene que ser sometido a votación en la propia comisión. Este proceso de investigación que se va a hacer es de relevancia, porque vamos a poder dar a conocer a la sociedad los motivos por los cuales entendemos que las personas que hoy ocupan el cargo de jueces de la Corte no lo están llevando con la actitud moral que implica el cargo.
Siguiendo las comparaciones con 2002, esto se llevaría a término durante el próximo mandato presidencial.
El dictamen tiene una vigencia de tres años. La apuesta es tratar de dilucidar qué Corte Suprema se merece el pueblo Argentino. Las mayorías en la cámara de Diputados y de Senadores las define la sociedad con su voto.
Es mucho el desprestigio que posee hoy el Poder Judicial, lamentablemente, porque instituciones degradadas socialmente se convierten en el lugar predilecto de los centros de poder que no actúan bajo los principios del voto popular.
Cuando hablamos de entramados mafiosos, tiene mucho que ver con que el Poder Judicial fue alejándose progresivamente de la sociedad, en sus fallos, en sus pronunciamientos y en sus falencias. Esa falta de credibilidad ya existe en la sociedad, lo que tenemos que activar es el mecanismo institucional, todo lo demás se construye con militancia, persuasión y hechos.
FM JL
