El 26 de enero podría iniciarse el juicio político a la Corte Suprema
Es la fecha en la que iniciaría el trabajo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Apoyos por parte de la embajada estadounidense y controversias internas del Frente de Todos.
Diputados oficialistas en la comisión de Juicio Político |
Télam
El periodista político Claudio Mardones informó para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre el posible inicio del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por Alberto Fernández
El 26 de enero es la fecha fijada para que inicie el trabajo de la comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard en la Cámara Baja. La comisión está constituida por 31 miembros, de los cuales 16 son del Frente de Todos, teniendo mayoría propia para garantizar su funcionamiento e incluso dictaminar.
Luego de conseguir el dictamen en comisiones, si el planteo fuese elevado al recinto, iniciaría la etapa más “caliente” del conflicto, teniendo el oficialismo que luchar por obtener dos tercios de la cámara para darle curso, lo que por ahora se ve como muy improbable. La Cámara de Diputados jugaría el rol de la instancia “acusadora”, y el Senado el de “juzgadora”.
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El dictamen que podría lograr el oficialismo en comisiones tiene una duración de tres años, siendo un dictamen especial, derivado del reglamento especial de la comisión.
El periodo de sesiones extraordinarias del congreso arranca el próximo lunes. A medida que se van definiendo las fechas y se va conociendo lo que será la agenda, han empezado a surgir algunos planteos que seguramente tengan repercusión en la escena política.
En off the record trascendió que el Departamento de Estado de Estados Unidos está incómodo por el posible avance del juicio político a la Corte. El dato se dió a conocer a través de La Nación y Clarín. Según los trascendidos, pidieron “respetar las instituciones democráticas y la división de poderes”.
La embajada, conducida por Marc Stanley, ya había enviado algunas señales similares al respecto, a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), uno de los brazos de lobby más importante que tiene la embajada.
El 22 de septiembre, la Amcham publicó un comunicado para repudiar la ampliación de la Corte, proyecto impulsado por un grupo de gobernadores peronistas que proponía ampliar a 25 miembros el organismo judicial.
Incluso antes de que el presidente anuncie el pedido de juicio político, el 23 de diciembre, la Amcham habló de un “quiebre institucional del sistema republicano”, y consideró que el pedido de juicio político pone en riesgo el órden legal enarbolado por la Constitución Nacional.
El diez de enero, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, insistió con los peligros que implica, para el sistema interamericano, el avance del juicio político contra la Corte. Estamos ante una serie de planteos de respaldo a los jueces de la Corte Suprema que no sólo vienen de la oposición, sino también de la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado Norteamericano.
Por otra parte, en las últimas horas ha trascendido que el presidente no está de acuerdo con ampliar la corte a través de un DNU, ni tampoco con la propuesta de reformar el Consejo de la Magistratura, ambos planteos sostenidos por el kirchnerismo.
Ambos planteos no han sido rebatidos por el presidente, sino por voceros de la Casa Rosada que dejaron al desnudo una nueva diferencia interna en el Frente de Todos, en el marco de la “arena caliente” que representa el debate judicial que atraviesa la política argentina desde diciembre del año pasado.
