El proyecto del Ejecutivo para pedir el juicio político a Horacio Rosatti y el resto de los integrantes de la Corte Suprema todavía no ingresó en Diputados, pero el oficialismo ya comenzó a delinear cuál será el esquema de trabajo para las próximas semanas.
Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político en la Cámara baja, se puso al frente del operativo junto al jefe del bloque del Frente de Todos Germán Martínez y el último miércoles recibieron de parte del propio presidente Alberto Fernández el texto que será tratado en sesiones extraordinarias.
La Comisión en cuestión no se reunió durante todo 2022 pese a que hubo varios pedidos de juicio político que fueron desestimados sin ser discutidos.
Con varios dirigentes de peso en su conformación, entre los que figuran los oficialistas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y los opositores jefes de bloque Mario Negri, Juan Manuel López, la Comisión sería la primera en ponerse en marcha una vez que el Presidente convoque a extraordinarias.
En público, el Frente de Todos anticipó que la intención es comenzar a trabajar durante la segunda quincena de enero, pero los antecedentes del verano pasado y los vaticinios de los legisladores en privado ubican los debates recién para febrero.
La intención del oficialismo es ir trabajando por etapas, con la certeza de que son prácticamente nulas las posibilidades de lograr los dos tercios en cada Cámara para concretar el enjuiciamiento. Por eso, el primer paso que se dará es la convocatoria a la Comisión que cuenta con 31 miembros, de los cuales dieciséis son del oficialismo.
Es decir que cuenta con quórum suficiente para dar la discusión y eventualmente sacar dictamen con los propios, lo que garantiza un alto nivel de visibilidad y una importante dosis mediática para mantener a la Justicia en la mira.
Allí también conviven catorce integrantes de Juntos por el Cambio y el referente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien ya reveló que no está dispuesto a acompañar la movida del oficialismo. El razonamiento allí es que se puede llevar adelante toda la fase preliminar, con la presencia de testigos e invitados presenciales en la Comisión, para plantear las acusaciones contra Rosatti y el resto de sus colegas, cuestionados por el fallo que ordena devolver coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, pero también por el escándalo de los chats que los vincula con funcionarios porteños y otros magistrados.
“Los chats que muestran que las sospechas que había sobre la connivencia del Poder Judicial con funcionarios de otros poderes tienen fundamentos”, argumentó Gaillard, quien viajó de urgencia a Buenos Aires en medio del receso parlamentario.
Curiosamente, el gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, fue uno de los que no suscribió el documento impulsado por el Presidente junto a otros mandatarios del PJ para avanzar con el pedido de juicio político, aunque ella aclaró que fue por algunas cuestiones de forma más que de fondo. En este escenario, el horizonte temporal del oficialismo se extiende por ahora por sesenta días, el plazo que tiene la Comisión para llevar adelante la investigación, convocar testigos y también dar lugar a los acusados.
Una vez cumplidos esos dos meses, se dictamina sobre si surgieron responsabilidades por mayoría simple y ahí sí se traslada al recinto, donde debe obtener los dos tercios en ambas Cámaras para poder avanzar con la destitución.
“Para la instancia del recinto falta mucho y allí se verá. Es súper importante la etapa del sumario y la investigación”, aseveró Gaillard.
