El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), que integran más de 40 entidades privadas de Argentina, cuestionó en duros términos el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsan el presidente Alberto Fernández y los gobernadores de las provincias. Para la asociación, se trata de “un ataque a las instituciones” y a la “independencia del Poder Judicial”.
“En los últimos días, en un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial, el Presidente de la Nación y un grupo de Gobernadores han presentado un pedido de juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, detallaron desde el foro.
La entidad remarcó que a fines de diciembre de 2021 se había pronunciado por “la grave crisis institucional” que implicaba el anuncio del jefe de Estado de no cumplir un fallo de la Corte y “su impacto negativo en la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.
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De acuerdo al escrito, “tal como ya lo han explicitado distinguidos juristas y entidades que los agrupan, los argumentos en que se basa dicho pedido no se encuentran encuadrados en los que prevé taxativamente el artículo 53 de la Constitución Nacional, sino que se fundamentan en el contenido de sentencias emitidas por la CSJN, respecto a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y a normas dictadas por el Congreso Nacional, cuyo control de constitucionalidad y de ajuste a derecho le corresponden a la CSJN en ejercicio de su jurisdicción originaria o como tribunal de última instancia del Poder Judicial”.
En ese contexto, consideraron que se trata de un ataque a las instituciones. “Tanto el incumplimiento de sentencias como el intento de remover a los jueces por el contenido de dichas sentencias, por el solo hecho de no compartir la forma en que se han resuelto, configuran un gravísimo ataque a las instituciones de la República”.
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Sobre el tramo final del comunicado, el Foro de Convergencia Empresarial “exhorta al Presidente de la Nación y a los Gobernadores que firmaron la solicitud de juicio político a que desistan de su actitud y, en su defecto, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que rechace dicho pedido por no estar debidamente fundamentado en las previsiones que constitucionalmente lo justifican”.
“La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”, dice por último la misiva.
