El Gobierno nacional recibió un nuevo revés por parte de la Corte Suprema. Es que este miércoles, los cortesanos fallaron a favor del reclamo cautelar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que Nación devuelva los fondos recortados a partir de un decreto de Alberto Fernández de 2020.
La decisión fue plasmada en una resolución de 28 páginas a la que accedió PERFIL y que lleva la firma del presidente Horacio Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El primer punto de la parte resolutiva le ordena al Estado nacional que entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en la ley 23.548. También señala que esa transferencias se deberán realizar de manera diaria y automática a través del Banco Nación.
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La resolución le dedica de entrada varios puntos a explicar el planteo de la Ciudad y lo que aduce el Estado nacional. Después sostiene que tras el proceso "la causa ha quedado en condiciones de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar requerida" a través de la cual Larreta pidió a Nación la devolución de los fondos recortados a causa del decreto dictado en 2020.
Después la resolución explica que la decisión tomada responde a dos factores: por un lado la "verosimilitud en el derecho invocado por la actora (CABA) y, por otro, "con la necesidad de atenuar, durante el curso del proceso, la alteración que causan las normas impugnadas en el normal desempeño presupuestario de la ciudad y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes prestados que provee a su población.
A propósito de eso último, en el pleito judicial los referentes del Gobierno porteño sostuvieron que la disminución de fondos por parte de Nación afectó las obras en la red de subtes, el traslado de la cárcel de Devoto, la construcción de 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico y la compra de 8 mil cámaras de seguridad y patrulleros.
Los argumentos de la Corte
La decisión de la Corte tiene como telón de fondo la situación jurídica en la que se encuentra el traspaso de competencias de Nación a Ciudad. Es en esa línea que los cortesanos concluyeron en que "el Estado Nacional no puede reducir unilateralmente el nivel de los recursos comprometidos para la financiación del gasto que impugne el servicio".
Por el contrario, respaldaron a Larreta al advertir que el Gobierno porteño "no podría simplemente abandonar la prestación del servicio cuando, como en el caso de la seguridad pública, se trata de una prestación esencial para la vida colectiva de la comunidad".
En otro de los puntos, la Corte le habló a las provincias. Vale recordar que las alineadas al oficialismo han tenido un papel clave en el posicionamiento en contra a la demanda porteña con los mismos argumentos presentados por Nación.
A propósito, la resolución sostiene que "la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias".
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Asimismo, subraya que "sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria sea cual fuere".
¿Resultado esperado?
El origen del conflicto data de septiembre de 2020 cuando una protesta de policías bonaerenses puso en jaque la institucionalidad del país ya que rodearon la Quinta de Olivos. Para solucionar el conflicto Nación decidió deducir los fondos a Ciudad y redireccionarlos a Provincia.
Fue un quiebre en la "armonía" que había nacido entre ambas jurisdicciones durante la gestón de la pandemia. Rodríguez Larreta demandó a Nación ante la Corte y esta le dio curso: habilitó audiencias en las que no se logró un acuerdo y el proceso siguió hasta la resolución de la medida cautelar que se conoció este miércoles.
En el medio, tanto Nación como Ciudad sostuvieron públicamente y por lo bajo que iba a haber un fallo en favor del reclamo porteño. De hecho, en Casa Rosada sostenían un lema que decía que si el Fondo Monetario Internacional le financió la campaña a Mauricio Macri al final de su Gobierno, la Corte haría lo mismo con la candidatura de Rodríguez Larreta.
En el Gobierno porteño se alejaban de eso y la respuesta era que "nosotros entendemos que tenemos razón en la cautelar como en el fondo, por eso aspiramos a que eventualmente el fallo nos dé la razón".
