El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva (Unión por la Patria), protagonizó una encendida intervención durante el debate en la Cámara de Diputados sobre la baja de la edad de imputabilidad, donde cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el oficialismo y lanzó definiciones que provocaron gritos y reacciones desde las bancadas oficialistas.
Durante su exposición, el legislador sostuvo que la reforma no traerá soluciones reales al problema de la inseguridad y advirtió sobre las consecuencias sociales de encarcelar a menores. “Esto que estamos por votar hoy, sin ninguna duda, no tiene ninguna posibilidad de generar justicia para esas familias. Sí es muy probable que iniciemos un camino de más injusticia y de más intolerancia”, afirmó.
“La prisión mejora la capacidad delictiva”
Uno de los momentos más tensos de la sesión se produjo cuando Leiva cuestionó el impacto del encarcelamiento en adolescentes. En ese sentido, aseguró que la privación de la libertad podría profundizar el problema del delito juvenil.
“Lo detenemos, lo metemos preso, no solamente lo privamos de la posibilidad de reinserción, sino que estamos dando la herramienta para mejorar su capacidad delictiva, porque en esos lugares lo único que van a aprender es a recibir mejores asesoramientos para poder delinquir”, sostuvo el legislador chaqueño.
Leiva insistió además en que la criminalización temprana generaría mayor reincidencia y estigmatización social. Según expresó, muchos jóvenes que pasan por el sistema penitenciario terminan reforzando conductas delictivas tras recuperar la libertad.
Críticas al Gobierno y al enfoque del proyecto
Durante su intervención, el diputado también cuestionó las prioridades del Ejecutivo nacional y planteó que el debate debería centrarse en políticas sociales y educativas. “Yo hubiese querido estar discutiendo la inversión del Gobierno nacional en salud pública, el aumento de recursos para los docentes o el aporte que necesitan las provincias para garantizar mayor seguridad”, remarcó.
Además, apuntó contra el presidente Javier Milei al señalar que no observó iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida o a recuperar el entramado productivo. “No he visto una ley que hable de cómo recuperar a nuestra pequeña y mediana empresa, mientras miles de trabajadores fueron excluidos del sistema”, afirmó.
La discusión sobre los derechos de los menores
Otro de los pasajes más controversiales de su discurso estuvo vinculado al debate sobre la responsabilidad penal juvenil. Leiva sostuvo que los adolescentes no tienen la madurez suficiente para dimensionar sus actos. “A los 13 o 14 años no hay ninguna posibilidad de que uno pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.
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En esa línea, cuestionó a sectores políticos que, según señaló, se oponen al voto joven pero impulsan sanciones penales para menores. “Para los 16 no sirven para votar, pero a los 14 los quieren presos”, expresó, lo que generó nuevas interrupciones desde otros bloques.
Propuesta alternativa
El legislador defendió la necesidad de fortalecer políticas públicas destinadas a la prevención del delito juvenil y sostuvo que el problema debe abordarse desde la inclusión social. “El problema de la delincuencia juvenil se resuelve generando oportunidades, fortaleciendo los clubes de barrio, la educación, el deporte y la integración familiar”, manifestó.
Leiva también apeló a su experiencia personal para fundamentar su postura y destacó el rol que tuvieron la escuela y su familia en su formación. “Antes que cárceles y persecuciones, tenemos que generar oportunidades”, remarcó.
Un debate con fuerte respaldo social y rechazos institucionales
La discusión sobre la modificación del régimen penal juvenil se desarrolla en un contexto de amplio respaldo social. Distintas encuestas privadas indican que una mayoría de la población apoya la baja de la edad de imputabilidad, con niveles de adhesión que superan el 70% en algunos relevamientos.
Sin embargo, organismos internacionales y sectores de la Iglesia expresaron objeciones al proyecto. Tanto UNICEF como referentes eclesiásticos advirtieron que el encarcelamiento temprano no reduce los índices de criminalidad y puede aumentar la reincidencia, además de representar un posible retroceso en materia de derechos de niños y adolescentes.
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