Siete efectivos de la Policía del Chaco fueron detenidos y separados preventivamente de sus funciones tras ser acusados de haber sustraído alrededor de nueve kilos de estupefacientes que debían ser incinerados en un operativo oficial de destrucción de droga realizado en Colonia Benítez. La información fue confirmada por fuentes de la Justicia Federal y generó una fuerte conmoción institucional, ya que el procedimiento estaba bajo estricta custodia judicial.
El episodio se registró durante un operativo ordenado por la Justicia Federal en el que se destruyeron más de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína, uno de los procedimientos más importantes del año en la provincia. Según la reconstrucción preliminar, la irregularidad fue detectada cuando el operativo ya se encontraba en su etapa final, luego del pesaje del material incautado. En ese contexto, el secretario del Juzgado Federal advirtió anomalías en el circuito posterior al control de la droga.
Ante esa situación, se dispuso de inmediato la intervención de fuerzas federales, entre ellas Gendarmería Nacional, que constató que parte de los estupefacientes había sido apartada del proceso formal, presuntamente con la intención de evitar su quema. A partir de esa verificación, el fiscal federal que interviene en la causa ordenó la detención preventiva de siete policías, quienes se encontraban afectados al dispositivo de custodia.
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Uno de los datos más sensibles que surgieron en las horas posteriores es que los efectivos detenidos integraban el área de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, una dependencia vinculada a la prevención y abordaje de adicciones. La confirmación fue realizada por el responsable del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, quien brindó precisiones sobre el avance del caso en declaraciones radiales.
La investigación se desarrolla bajo el nuevo sistema acusatorio federal, vigente desde el 1 de diciembre en la región, que coloca la conducción del proceso en manos del Ministerio Público Fiscal. En ese marco, el fiscal ordenó una serie de medidas urgentes, entre ellas el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes involucrados y otros elementos de interés para reconstruir la mecánica del presunto desvío y determinar si existió una red de complicidades.
En paralelo a la causa penal, el Ministerio de Seguridad del Chaco instruyó a la Jefatura de Policía para que se adopten medidas administrativas inmediatas. Como resultado, se dispuso la suspensión preventiva de los siete efectivos, con retención de haberes, y la apertura de un sumario interno mientras se define su situación procesal.
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Desde la conducción policial calificaron el hecho como “grave, lamentable y de extrema preocupación institucional”, y aseguraron que no existen antecedentes recientes de una situación similar dentro de la fuerza. Debido al secreto de sumario, la Policía provincial no tiene acceso al expediente judicial, aunque confirmó que la definición sobre la situación procesal de los detenidos podría producirse en las próximas horas.
La causa continúa en pleno desarrollo y la Justicia Federal busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, así como establecer si el presunto desvío de estupefacientes fue un hecho aislado o formó parte de un circuito más amplio de irregularidades.
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