Un viraje procesal de máxima gravedad sacude la causa que investiga la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy en la provincia de Corrientes. En el marco del Legajo de Investigación Fiscal (LIF) 149598, conducido por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, el titular del Juzgado de Garantías de la ciudad de Esquina, Gustavo Vallejos, otorgó mediante la Resolución Nº 469 la orden de detención formal de dos nuevas personas.
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La medida dictada por el Ministerio Público Fiscal responde a una serie de marcan contradicciones y al presunto ocultamiento deliberado de información relevante manifestado por ambos imputados durante los interrogatorios concretados en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC). De manera preliminar, la calificación encuadra en la figura penal de encubrimiento agravado.
Los nuevos aprehendidos fueron identificados como Rosa Leguizamón —quien trabaja en la estancia El Curupí, predio donde funciona la Escuela Rural Nº 626 donde Godoy ejercía como vicerrectora suplente— y su pareja, Nahuel Rojas. Leguizamón está señalada como la última persona que tomó contacto con la docente de 52 años antes de que se perdiera su rastro en el paraje El Malezal.
Sin embargo, el marco del Código Procesal Penal de Corrientes concede un plazo de 72 horas a la representación fiscal para concretar la formalización de la imputación. Durante dicho lapso, las autoridades judiciales evaluarán todo el plexo probatorio acopiado para determinar si existen elementos suficientes para agravar los cargos hacia una participación directa en la figura de femicidio.
Continuidad de los operativos de rastrillaje y medidas judiciales
Mientras la UFIC avanza con el agotamiento de entrevistas a personas de la zona rural vinculadas directa o indirectamente con los involucrados, los equipos operativos de la Policía de Corrientes y las fuerzas de seguridad federales mantienen un monitoreo permanente sobre el terreno.
En las próximas horas están previstos nuevos procedimientos de allanamiento y tareas de rastrillaje en la geografía inhóspita del paraje El Malezal para colectar evidencias técnicas que permitan acreditar o descartar de manera contundente la responsabilidad penal de los imputados en el caso.
Despliegue de Gendarmería y el aporte probatorio de la familia
En paralelo a las derivaciones en el fuero penal, los operativos de búsqueda sobre la geografía inhóspita del sur provincial sumarán el apoyo estratégico de las fuerzas de seguridad del Gobierno nacional. Tras confirmarse la admisión del abogado Ariel Medina como querellante en representación de la familia, las autoridades judiciales ratificaron la incorporación de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina a los rastrillajes de la Policía de Corrientes.
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En el plano de la evidencia tecnológica, Sebastián Medina, hijo de la víctima, entregó a la fiscalía una serie de registros de audio de la aplicación WhatsApp enviados por la mujer antes de perder conectividad.
En los mensajes de voz, Nancy Godoy notificaba su llegada a un establecimiento ganadero de la zona y detallaba que se encontraba esperando el traslado a caballo para completar el trayecto final hacia el establecimiento escolar. Los peritos informáticos de la Justicia provincial analizan los archivos para precisar la línea cronológica exacta previa a su desaparición.
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