El “Clan Sosa” admitió su participación en una red narco y espera condena en diez días

Los integrantes del denominado “Clan Sosa” reconocieron su responsabilidad penal en una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, en el marco de una audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Resistencia. Tras la admisión del acuerdo entre las partes, el tribunal deberá dictar sentencia dentro de los próximos diez días.

La resolución fue adoptada durante una audiencia encabezada por el juez Enrique Bosch, quien declaró admisible el juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal y las defensas. La decisión permitió suspender el debate oral y avanzar hacia una instancia de resolución más rápida del proceso.

Reconocimiento del rol dentro de la organización narco

Durante la audiencia, el fiscal federal Federico Carniel explicó que el acuerdo implicó el reconocimiento de los hechos investigados, la aceptación de la calificación legal y la admisión del rol que cada imputado cumplió dentro de la estructura criminal.

“Estamos ante la presencia de una organización criminal cuya actividad principal es el narcotráfico”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal. También remarcó que el proceso judicial se extendió durante varios años debido a períodos en los que algunos integrantes permanecieron prófugos.

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Según lo expuesto en la audiencia, el acuerdo contempla las siguientes penas:

• Ana María Flamenco: 7 años de prisión

• Hugo Sebastián Sosa: 7 años de prisión

• Ramón Ángel Almúa: 4 años y 6 meses de prisión

• Mauro Hernán Pacheco: 4 años y 6 meses de prisión

• Ariel Alberto Sosa: 4 años y 6 meses de prisión

• María Alejandra Sosa y Lía Vanessa Rut Paz: 3 años de prisión en suspenso, con reglas de conducta, multa económica y decomiso de bienes

El convenio también prevé el decomiso de bienes vinculados a las maniobras investigadas, mientras que el monto de las multas será determinado en un incidente judicial posterior.

Liberaciones y nuevas medidas cautelares

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la resolución que dispuso el cese de la prisión preventiva para María Alejandra Sosa y Lía Vanessa Rut Paz, quienes permanecían detenidas desde 2022. Ambas recuperaron la libertad bajo estrictas reglas de conducta.

Entre las condiciones impuestas por la Justicia se encuentran la obligación de mantener domicilio actualizado, someterse al control judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y evitar la comisión de nuevos delitos.

En paralelo, el tribunal estableció restricciones para Ramón Ángel Almúa, quien quedó impedido de salir del país o abandonar la provincia sin autorización judicial, ante la posibilidad de que reciba una condena de cumplimiento efectivo.

Antecedentes penales y un prófugo en la causa

Durante la audiencia, también se incorporaron antecedentes penales de algunos imputados. En particular, Flamenco y Hugo Sosa registran condenas previas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, situación que podría derivar en su declaración como reincidentes.

La fiscalía, además, confirmó que continúa vigente el pedido de captura contra Sergio Omar Fernández, señalado como integrante de la organización y actualmente prófugo de la Justicia.

Una causa centrada en el circuito económico del narcotráfico

La investigación judicial se concentró en reconstruir las maniobras de blanqueo de dinero provenientes del comercio ilegal de drogas, una línea investigativa que permitió, según la fiscalía, exponer el funcionamiento financiero de la organización criminal.

Carniel indicó que el acuerdo fue alcanzado tras extensas negociaciones entre las partes, debido a la complejidad del expediente, la cantidad de imputados y el volumen de hechos analizados durante la investigación.

Tras admitir el juicio abreviado, el tribunal ordenó incorporar la totalidad de la prueba reunida durante la instrucción y dio por finalizado el debate oral. La sentencia será dictada dentro de los próximos diez días, instancia en la que se confirmarán o modificarán las penas acordadas. En paralelo, continuará el proceso para determinar el decomiso definitivo de bienes y el monto final de las multas económicas vinculadas al entramado delictivo.