La administración provincial aplicó la sanción más severa del Estatuto del Empleado Público contra tres trabajadores que acumularon inasistencias injustificadas y no respondieron a las notificaciones oficiales. Uno de los casos se extendió por casi cinco años.
El Gobierno de Chaco dispuso la cesantía de tres agentes estatales tras la conclusión de sumarios administrativos que comprobaron abandono de servicio y ausentismo prolongado. La medida fue oficializada mediante decretos firmados por el gobernador y constituye la sanción máxima prevista en el marco legal vigente.
Uno de los expedientes más llamativos corresponde a un trabajador del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible que dejó de asistir a su puesto desde septiembre de 2020. Pese a múltiples intimaciones, nunca se reincorporó ni presentó justificativos, lo que derivó en la suspensión de haberes y, finalmente, en su expulsión.
Otro de los casos analizados mostró un patrón de faltas sistemáticas desde febrero de 2022, con más de una decena de inasistencias mensuales durante cuatro meses consecutivos. La Asesoría General de Gobierno consideró probado el abandono de funciones, mientras que un tercer sumario comprobó medio año de ausencias injustificadas entre 2022 y 2023.
Según se detalla en los decretos, las cesantías se encuadran en los artículos 21 y 22 de la Ley 292-A del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial, así como en el artículo 23 del Régimen Disciplinario. Con esta decisión, el Ejecutivo busca marcar un antecedente en materia de control laboral dentro del sector estatal.
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