La fiscal Graciela Griffith Barreto solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga una compleja red de corrupción en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo creado para articular políticas sociales con cooperativas durante la última gestión provincial. El expediente, que ya tiene a dos exfuncionarios con prisión preventiva, involucra un esquema de desvío de fondos públicos a entidades sin actividad real, lo que derivó también en una causa federal por lavado de dinero.
Uno de los principales imputados es Mauro Andión, expresidente del IAFEP, actualmente detenido, también permanece tras las rejas María Laura Moreno quien lo sucedió en el cargo. Ambos están acusados de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. La causa, conocida como “IAFEP”, comenzó tras la intervención del organismo a fines de 2023, desde entonces, se recolectaron documentos, testimonios y dispositivos electrónicos que habrían revelado la operatoria: millonarios fondos del Estado girados a fundaciones y cooperativas que solo existían en el papel.
Otra causa federal
Otra causa federal detalla cómo más de $815 millones fueron girados desde el IAFEP a entidades sin actividad económica real, muchas de ellas radicadas en Resistencia: Abriendo Puertas ($197 millones), Brilla Mujer ($147 millones), Solidaridad es una Elección de Vida ($125 millones), entre otras.
Según el fiscal federal Patricio Sabadini, el circuito de fondos formaba parte de una asociación ilícita fiscal que utilizaba facturas truchas para simular servicios, generar crédito fiscal ficticio y lavar dinero. En esa causa están procesados y con prisión preventiva Walter Pasko y Fernando Ayala, señalados como jefes de la organización, junto a una decena de colaboradores.
Indicios de una matriz de corrupción sistémica
Desde el Gobierno provincial, la interventora del ahora cerrado IAFEP, Clelia Ávila, reveló el hallazgo de una tablet con información clave sobre presuntos vínculos entre cooperativas, exfuncionarios y hasta fuerzas de seguridad. “Podría haber una matriz de corrupción sistémica”, advirtió. El asesor jurídico del organismo, Godofredo Pérez Dudiuk, remarcó que la agenda electrónica contenía nombres, fechas y montos de pagos que “podrían coincidir con causas abiertas y personas detenidas”.
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