La auditoría interna que lleva adelante el Ministerio de Educación del Chaco destapó una trama de irregularidades que sacude a la gestión pública: se encontraron sueldos liquidados a nombre de personas fallecidas, docentes que residen en el extranjero e incluso trabajadores que nunca ejercieron en las escuelas.
El hallazgo fue revelado por la ministra Sofía Naidenoff, quien encabezó una conferencia de prensa junto a su gabinete. “No puede darse que un muerto esté cobrando. Tampoco que en una escuela figure personal que jamás trabajó. Los docentes que viajan kilómetros para dar clases no pueden ser víctimas de estas maniobras”, afirmó con dureza.
La investigación comenzó a partir de denuncias realizadas por docentes de nivel superior, quienes advirtieron sobre colegas que seguían cobrando haberes sin presentarse a trabajar. La revisión permitió descubrir liquidaciones irregulares que, según Naidenoff, representan más de 400 millones de pesos mensuales que podrían destinarse a mejorar salarios y condiciones laborales.
La ministra agradeció la colaboración del sector docente: “Esto empezó gracias a quienes se animaron a denunciar. Su valentía permitió abrir un proceso que nos obliga a recuperar la dignidad de la docencia y a poner transparencia en el uso de los recursos públicos”.
Licencias y gremios bajo la lupa
El relevamiento también expuso abusos en el régimen de licencias. La funcionaria advirtió que hay representantes gremiales que mantienen licencias pagas desde 1994 sin haber vuelto al aula, y aclaró que esa práctica erosiona la confianza en el sistema. “El derecho del docente enfermo está garantizado, pero no podemos tolerar el abuso ni la utilización política de las licencias”, subrayó.
La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, agregó que se detectaron códigos de liquidación utilizados de manera fraudulenta, suplencias sin sustento legal y casos de personal administrativo que cobraba como docente sin tener título habilitante.
Ante la magnitud del escándalo, el Ministerio de Educación ya presentó denuncias ante la Justicia y remitió actuaciones al Tribunal de Cuentas. Además, se dispuso la baja inmediata de los cargos irregulares y la inhabilitación de los códigos utilizados para el cobro indebido de haberes.
En paralelo, se reactivaron los concursos de ingreso, traslado y ascenso docente, y se anunció un plan de titularización que alcanzará a más de 25.000 maestros y profesores en toda la provincia.
“Esto no se trata solo de dinero, es una cuestión de confianza y respeto a la docencia. Nuestra obligación como funcionarios es denunciar y actuar para sanear el sistema”, concluyó Naidenoff.
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