La causa que investiga a Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco utilizando presuntamente una matrícula ajena, sumó este viernes nuevas declaraciones que profundizan las dudas sobre los controles del sistema sanitario provincial.
Daniel Acosta, abogado querellante de varias de las familias afectadas, aseguró en diálogo con Radio Libertad que la investigación ya incluye tres víctimas fatales y un joven internado en estado crítico, y apuntó directamente contra las autoridades que habrían permitido el ingreso de la mujer al sistema público de salud.
“No atendía bajo una higuera. Atendía adentro del hospital”, lanzó el letrado, en uno de los tramos más duros de la entrevista.
“No es mala praxis porque esta persona no era médica”
Acosta también marcó una diferencia jurídica que considera central para la causa: rechazó que el caso sea encuadrado como mala praxis médica. “Mala praxis se le puede imputar a quien realmente tiene la ciencia del saber y conocer del médico. Esta persona no es nada. Entonces no hay mala praxis”, sostuvo.
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La investigación judicial avanza actualmente por presunta usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, luego de detectarse que Ojeda habría atendido pacientes en hospitales públicos chaqueños utilizando la matrícula profesional de otro médico.
Tres muertes y un joven amputado
El abogado reveló además que representa a familiares de tres personas fallecidas y a otra familia cuyo hijo, de 26 años, permanece internado en el hospital Perrando en estado crítico. “Está gravísimo, con una pierna amputada. Situación que él todavía no sabe porque no despierta”, relató.
Según explicó, uno de los primeros casos que llegó a su estudio fue el de Lorenzo Blanco, quien murió el 21 de diciembre de 2025 luego de asistir en dos oportunidades a una guardia médica. Acosta afirmó que la familia había pedido investigar la muerte mucho antes de que el caso tomara estado público y denunció demoras en el avance inicial de la denuncia.
“Ingresó gracias a alguien”
Uno de los ejes más sensibles de la entrevista estuvo centrado en las responsabilidades estatales alrededor del caso. Para Acosta, resulta imposible explicar cómo una persona sin título habilitante pudo desempeñarse dentro de hospitales públicos sin algún nivel de connivencia o ausencia de controles.
“Ingresó gracias a alguien. Con la vista gorda de alguien”, aseguró. El abogado insistió en que la mujer investigada no solo atendía pacientes, sino que además utilizaba recursos y documentación oficial dentro del sistema sanitario.
“Le buscaban la ambulancia del hospital, sellaba y firmaba actas de defunción, firmaba planillas de guardia”, afirmó. La investigación intenta determinar ahora quiénes facilitaron su ingreso y permanencia dentro del circuito hospitalario chaqueño.
“Somos vergüenza internacional”
Acosta también describió el impacto social que el caso generó en Quitilipi, donde gran parte de las denuncias comenzaron a surgir luego de que se difundiera públicamente la identidad de la acusada. “Las familias empezaron a reconocerla cuando vieron las imágenes en los medios. Decían: ‘¿Es esta la que atendió a mi papá?’”, relató.
En ese contexto, aseguró que existe bronca y conmoción en la comunidad. “Somos vergüenza internacional y no nos merecemos esto. Nos merecemos gente que nos cure y que nos cuide”, expresó
Consultado sobre una eventual condena, el abogado aclaró que el expediente todavía se encuentra en una etapa inicial, aunque advirtió que las penas podrían agravarse si se comprueba el vínculo entre el ejercicio ilegal de la medicina y las muertes investigadas. “La pena del homicidio arranca de 8 a 24 años”, indicó.
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