El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) ordenó descontar los haberes correspondientes al paro del viernes 18 de septiembre a los trabajadores que adhirieron a la convocatoria de la Asociación Judicial del Chaco. La decisión se inscribe en el conflicto por el proyecto de intangibilidad salarial para magistrados y funcionarios judiciales, que los sindicatos rechazan por considerar que afecta el mecanismo de actualización de los ingresos del resto del personal.
La medida fue comunicada este lunes y quedó plasmada en la resolución 865/26. El máximo tribunal provincial dispuso que los descuentos se apliquen sobre la base de las nóminas que elaboren la Dirección General de Personal y la Inspectoría de Justicia de Paz y Faltas, cada una dentro de su ámbito de competencia.
Esos listados deberán respaldarse en registros de asistencia o informes de los responsables de las dependencias. La resolución establece que la quita tendrá alcance exclusivamente salarial y quedará limitada al período de la medida de fuerza cuya adhesión se compruebe.
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El argumento del Superior Tribunal para descontar los haberes
Para fundamentar su decisión, el STJ sostuvo que el paro respondió a la disconformidad con una iniciativa que todavía debe atravesar el procedimiento de debate y sanción en la Legislatura.
El tribunal señaló que el proyecto “constituye una propuesta exclusiva del Poder Ejecutivo en cumplimiento de una sentencia judicial, sometida al debate parlamentario”. Desde esa interpretación, consideró que la iniciativa, “por sí sola, resulta insuficiente para acreditar un incumplimiento del empleador que justifique el pago de haberes”.
Además, instó a la Asociación Judicial del Chaco a “canalizar sus planteos mediante las instancias de diálogo y participación institucional, preservando la continuidad del servicio de justicia”.
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Qué se discute en el proyecto de intangibilidad
La controversia gira en torno al proyecto de ley 2141/26, impulsado por el gobierno de Leandro Zdero para establecer un concepto salarial denominado “Intangibilidad” para magistrados y funcionarios alcanzados por sentencias judiciales. Entre sus antecedentes se encuentra la causa “Alonso de Martina”, vinculada con un prolongado reclamo de equiparación salarial.
La propuesta contempla una convergencia hacia la media nacional de las remuneraciones de cargos equivalentes, con una implementación en cuatro semestres: 85%, 90%, 95% y 100%, seguida de revisiones trimestrales.
El conflicto con los empleados judiciales se concentra en cómo ese esquema repercutiría sobre sus propios ingresos. Los gremios advierten que podría producirse un “desenganche” salarial, es decir, que las mejoras otorgadas a magistrados y funcionarios no se trasladen proporcionalmente al resto de los trabajadores. El ministro de Hacienda provincial, Alejandro Abraam, había rechazado esa interpretación y sostenido que la ley de enganche seguiría vigente.
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Los gremios pidieron archivar la iniciativa
Antes del paro, la Intergremial Judicial del Chaco había llevado sus objeciones a la Legislatura. En un comunicado del miércoles 16, informó que mantuvo reuniones con integrantes de los bloques opositores para solicitar el archivo del proyecto.
La organización sostuvo que la propuesta vulneraría el sistema salarial establecido por las leyes provinciales 468-A y 3424-A. También señaló que presentó escritos con objeciones de inconstitucionalidad ante la Presidencia de la Cámara, las comisiones y distintos bloques legislativos.
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En esa misma comunicación reclamó que los diputados oficialistas atendieran sus pedidos de audiencia e invitó al secretario general de la Asociación Judicial del Chaco a coordinar medidas y estrategias en defensa de los salarios.
La resolución del STJ se refiere al pago de los haberes durante la protesta: no resuelve las objeciones al proyecto ni supone su aprobación. Mientras la discusión legislativa continúa, la aplicación de los descuentos dependerá de la identificación del personal que efectivamente adhirió a la medida de fuerza.
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