La justicia federal lleva a juicio a “Tito” López, el piquetero sucesor de Emerenciano Sena

Formó una red familiar que, según la acusación, adquirió tierras fiscales y bienes millonarios con dinero de origen ilícito. El juez Ricardo Mianovich elevó la causa a juicio oral: hay fundaciones, contratos irregulares, y presunta connivencia con ex funcionarios públicos.

10-06-2025 16:05

El juez Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, resolvió elevar a juicio oral la causa por lavado de activos que involucra al piquetero Ramón Alberto “Tito” López, sucesor del también dirigente social Emerenciano Sena, hoy preso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La medida alcanza también a la esposa de López, Librada Beatriz Romero, y a sus hijos David, Walter y Daniel López. Todos están acusados de haber integrado una estructura organizada para blanquear fondos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública y apropiación de tierras fiscales.

La resolución judicial fue dictada luego de que venciera el plazo para que las defensas respondieran al pedido de elevación a juicio formulado a fines de mayo por el fiscal federal Patricio Sabadini. En su requerimiento, el fiscal acusó a los López de montar un “grupo económico con fines ilícitos” que, mediante fundaciones y maniobras inmobiliarias, habría puesto en circulación dinero de origen ilícito simulando legalidad. Todo, en el marco de una organización criminal que operó de forma sostenida y con roles definidos.

La investigación reveló una serie de operaciones millonarias a través de fundaciones como “Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País”, que facturaron cifras millonarias al Estado provincial. Solo en 2023, una de ellas –Dueños de la Raza– emitió facturas por más de 71 millones de pesos al IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular).

Una de las maniobras más graves detectadas por la Fiscalía fue el apoderamiento irregular de al menos 3.000 hectáreas de tierras fiscales del Estado chaqueño por parte de la familia López. Según los informes oficiales, esas adjudicaciones –destinadas a proyectos productivos y con prohibiciones de venta durante una década– terminaron siendo vendidas de forma ilegal a particulares cercanos al entorno familiar, mediante contratos de leasing inmobiliarios que habrían generado “ganancias siderales”.