La Cámara de Apelaciones Multifueros del Chaco rechazó el amparo presentado por la Fundación Valdocco y dejó firme la decisión del Estado provincial de suspender los pagos y clausurar la Unidad Educativa de Gestión Privada (UEGP) N.º 144. El fallo concluyó que la entidad no acreditó la nómina docente declarada, presentó documentación incompleta y carece de legitimación para arrogarse la representación de la comunidad wichí.
La resolución judicial fue dictada este lunes y revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar al amparo. El tribunal consideró que la actuación del Estado del Chaco se ajustó a derecho y que existieron irregularidades administrativas graves que justificaron la intervención del Ministerio de Educación.
Falta de respaldo y docentes sin acreditar
Entre los fundamentos, la Cámara señaló que Valdocco solo presentó documentación correspondiente a siete docentes y de manera incompleta, sin poder constatar domicilios reales ni la efectiva prestación de tareas. Los informes oficiales también advirtieron que, pese a listados con decenas de cargos, en las inspecciones presenciales se verificó una presencia muy inferior a la declarada.
Además, el tribunal destacó que la fundación no respondió en tiempo y forma a los requerimientos administrativos, no actualizó su personería jurídica y arrastra procesos judiciales en otra jurisdicción, lo que —según el fallo— compromete las condiciones exigidas por la normativa provincial para administrar una institución educativa subvencionada.
Sin representación indígena
Otro punto central del pronunciamiento fue el rechazo a la pretensión de la fundación de actuar como representante de derechos colectivos del pueblo wichí. La Cámara fue categórica al señalar que una entidad privada, aun cuando brinde servicios a población indígena, no puede sustituir la voz de una comunidad ni invocar legitimación bajo los alcances del Convenio 169 de la OIT. Su actuación, precisó, queda limitada a defender sus propios derechos como entidad, no a arrogarse una representación étnica.
Respaldo a la intervención estatal
El fallo también exhortó a la administración educativa a priorizar la protección del interés superior de niños y niñas, con control de los organismos competentes, y dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por la parte actora vencida. En paralelo, dejó asentada la existencia de una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos, lo que refuerza, según los jueces, la necesidad de una intervención estatal orientada a resguardar el patrimonio público.
Desde el Gobierno provincial celebraron la decisión por considerar que ratifica la legalidad del cierre de la institución y la suspensión de pagos, adoptadas tras meses de inspecciones y requerimientos incumplidos. Con el rechazo definitivo del amparo, el conflicto entra ahora en una nueva etapa, atravesada por investigaciones administrativas y penales en curso.
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