Lázaro Báez volvió a prisión este miércoles tras agotarse todas las instancias judiciales en la causa Vialidad y su situación judicial se agrava: en Chaco, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar una causa por evasión impositiva en la que había sido absuelto, lo que podría significarle hasta 9 años más de prisión.
La detención se produjo en su domicilio de El Calafate, donde cumplía arresto domiciliario desde 2022 con tobillera electrónica. Personal de Gendarmería Nacional ejecutó la orden del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), presidido por el juez Néstor Costabel, que lo encontró culpable del delito de lavado de activos agravado y le impuso una pena de diez años de prisión. La sentencia fue ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia, dejando firme su condena.
Mientras Báez ingresa nuevamente a una celda en Santa Cruz, en Resistencia analizan un expediente que lo vuelve a colocar en el centro de la escena judicial: se trata de una denuncia por evasión impositiva millonaria a través de facturación apócrifa entre 2013 y 2015, en el marco de contrataciones simuladas con la constructora chaqueña Adelmo Biancalani.
La causa, inicialmente desestimada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, fue revisada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que la absolución careció de fundamentos sólidos y fue producto de una “valoración arbitraria” de las pruebas. La resolución fue firmada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes ordenaron al tribunal chaqueño dictar un nuevo fallo, ajustado al derecho y con base probatoria suficiente.
El expediente sostiene que Austral Construcciones —la firma insignia de Báez— simuló contrataciones con la sucesión de Biancalani, empresa en quiebra de la cual Báez había adquirido la mayoría de los derechos hereditarios. La operatoria, según la investigación, consistía en emitir facturas falsas para justificar gastos inexistentes, en especial en obras que no se concretaron, como un tramo de la Ruta Nacional 86 en Formosa, que según Vialidad Nacional fue abandonado.
De acuerdo con la ex AFIP, esta maniobra habría permitido evadir más de 60 millones de pesos en concepto de IVA, más de 11 millones por Ganancias y otros montos menores por salidas no documentadas, generando un perjuicio estimado en 4 millones de dólares al fisco nacional.
Junto a Báez, la causa también compromete a su socio Julio Mendoza y a los administradores Claudio Fernando Bustos y Jorge Chueco, todos inicialmente absueltos. Casación sostuvo que el tribunal de primera instancia no valoró de manera integral las pruebas ofrecidas durante el debate oral y que se cometieron "fisuras de logicidad" en los fundamentos.
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