Una camioneta Toyota Hilux doble cabina, secuestrada durante los allanamientos realizados en 2023 en el marco de la causa por lavado de activos contra Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, fue entregada a la Policía provincial para sumarse a las tareas de patrullaje.
La decisión judicial, que responde a una política de recuperación de bienes adquiridos con fondos presuntamente ilícitos, alcanza a un vehículo que al momento de su incautación estaba siendo utilizado por el abogado Ricardo Osuna, defensor técnico de Sena.
La camioneta, identificada en los registros judiciales como DJ-09, fue secuestrada en el marco del expediente FRE 5132/2023, que tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia. Ahora, tras cumplirse con los procedimientos legales correspondientes, fue destinada a la División Patrulla Fluvial, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental.
Desde la Jefatura de Policía del Chaco destacaron que la incorporación del vehículo representa un caso concreto de “reutilización social de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas”, al pasar de ser un símbolo del poder económico del clan Sena a una herramienta al servicio de la seguridad pública.
La causa: desvío de fondos y lavado de activos
La investigación federal, iniciada en 2023, reveló un complejo circuito de desvío y blanqueo de fondos públicos canalizados a través de la Fundación “Dr. Saúl Andrés Acuña”, dirigida por Sena y Acuña. Según la hipótesis fiscal, entre 2022 y 2023 la organización recibió más de $190 millones en transferencias estatales desde ministerios provinciales y el Instituto de Agricultura Familiar, Economía y Producción (IAFEP), parte de los cuales fueron retirados en efectivo sin justificación.
Los registros contables y bancarios muestran además gastos sobredimensionados, balances con documentación apócrifa y faltantes de caja superiores a $62 millones. También se detectó la compra de vehículos e inmuebles incompatibles con los ingresos declarados, entre ellos la camioneta Hilux ahora convertida en patrullero.
En agosto de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los dirigentes sociales por lavado de activos agravado por habitualidad, y rechazó las apelaciones de las defensas.
El descargo de las defensas y el camino al juicio
Durante el proceso, Marcela Acuña denunció supuestas “arbitrariedades” y cuestionó que la resolución judicial se apoyara en “informes mediáticos”, mientras que Sena sostuvo que los fondos en efectivo estaban destinados a pagar salarios y materiales para obras sociales. También atribuyó parte de su patrimonio a herencias familiares.
La Cámara, sin embargo, desestimó los planteos al considerar que la documentación oficial, incluyendo reportes bancarios, fiscales y contables, constituye prueba suficiente para sostener la imputación. Además, remarcó que en delitos económicos complejos no es necesaria una condena por el delito precedente para acreditar el lavado, sino que alcanza con descartar un origen lícito verosímil de los bienes.