En Singapur las autoridades ahorcaron a un hombre condenado por tráfico de heroína. Esta es la quinta vez que se realiza una ejecución en lo que va del año y es la tercera en apenas una semana.
Se trata de Mohamed Shalleh Adul Latiff, de 39 años, condenado a la pena de muerte por posesión de 55 gramos de heroína "con el propósito de traficar", en 2019.
Según señalan los documentos judiciales, el hombre trabajaba como repartidor antes de su arresto en 2016. Durante el juicio alegó que creía estar entregando cigarrillos de contrabando a un amigo al que le debía dinero. Se trata del 16º preso ahorcado desde que el gobierno reanudó las ejecuciones, en marzo de 2022, tras dos años de pausa por la pandemia del covid-19.
Las leyes en Singapur, en el Sureste Asiático, especifican la imposición de la pena de muerte a cualquier ciudadano que sea sorprendido traficando más de 500 gramos de marihuana o 15 gramos de heroína.
El 27 de julio, y luego de dos décadas sin ejecutar la pena capital contra una mujer, las autoridades de Singapur confirmaron que Saridewi Djamani, de 45 años, había sido ahorcada tras haber recibido “el debido procedimiento legal”.
En esa misma semana había sido ejecutado su compatriota Mohd Aziz bin Hussain, también condenado por tráfico de drogas.
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La ejecución de Saridewi Djamani resaltó porque desde 2004 Singapur no aplicaba la pena de muerte contra una mujer. Había sido condenada a la pena de muerte en 2018, después de ser declarada culpable de posesión de aproximadamente 30 gramos de heroína con la intención de traficarla.
La máxima instancia judicial de la ciudad rechazó la apelación contra la condenada el 6 de octubre pasado. Incluso, una petición para que le otorgaran un perdón presidencial tampoco tuvo éxito, según expresaron las autoridades.
Los medios locales informaron que Saridewi, la mujer condenada a muerte, había declarado durante su juicio que se había abastecido de la heroína para uso personal durante el mes de ayuno islámico.
Aunque no negó que vendía drogas como heroína y metanfetamina en su departamento, minimizó la escala de esas operaciones, señaló el juez See Kee Oon.
Las autoridades sostienen que las estrictas leyes antidrogas hacen que Singapur sea uno de los lugares más seguros del mundo y que la pena capital por ese tipo de delitos goza de amplio apoyo público.
Derechos internacionales
“No hay evidencia que la pena de muerte tenga un efecto disuasivo singular o que tenga algún impacto sobre el uso y disponibilidad de las drogas”, expresó en un comunicado Chiara Sangiorgio, de Amnistía Internacional.
“El único mensaje que envían estas ejecuciones es que el gobierno de Singapur está dispuesto una vez más a desafiar las salvaguardas internacionales sobre el uso de la pena de muerte”, agregó.
Amnistía Internacional indicó que, a la par de China, Irán y Arabia Saudita, Singapur es uno de sólo cuatro países en llevar a cabo ejecuciones relacionadas a las drogas.
Desde la CNB expresaron que “la pena capital se usa solo para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los drogadictos individuales, sino también a sus familias y a la sociedad en general”.
El antecedente inmediato a una mujer condenada a la pena capital en Singapur se remontaba a 2004 cuando Yen May Woen fue ejecutada a la pena de muerte también por tráfico de drogas. Entre los sentenciados desde entonces hubo extranjeros y un hombre con discapacidad intelectual. Los activistas destacan el ritmo acelerado con el que se están llevando a cabo estas condenas.
BR/ff
