El denominado #AdorniGate ofrece una lección clásica sobre cómo evitar manejar una crisis pública. Tomando como marco teórico las reflexiones del especialista Mario Riorda sobre comunicación de crisis —que enfatiza la necesidad de responsabilidad, transparencia y respuesta rápida— y la teoría de los escándalos de Pablo Cabas —que subraya la dinámica de indignación pública, mediatización y la centralidad de símbolos morales—, los datos de la encuesta Zuban Córdoba (trabajo de campo 30/03–01/04/2026; muestra 1.200; margen ±3,1%) permiten leer el episodio con claridad importante.
Primer dato significativo: la imagen negativa de Manuel Adorni alcanza 66% frente a 21,5% de imagen positiva. Esta base de desaprobación hace a la narrativa pública más sensible y exige una gestión impecable. Según Riorda, cuando la confianza es baja, cualquier señal ambigua se interpreta como confirmación de la peor sospecha; los números confirman que la opinión está predispuesta a penalizar.
La penetración informativa es alta: cerca de 72% declara haber escuchado el caso “algo” o “bastante”. Frente a esto, la demanda de rendición es contundente: 77,9% cree que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes y 70,4% considera que debería renunciar. Para Cabas, esto encaja con la lógica del escándalo: el acto presuntamente reprobable opera como núcleo simbólico que activa normas de integridad y moviliza reclamos de sanción pública.
Respecto a la gestión comunicacional, la encuesta muestra la percepción del público: 70,2% interpreta la defensa de Adorni y del gobierno como una estrategia para “tapar, distraer y/o demorar el tema” en lugar de una respuesta transparente. Cuando la ciudadanía percibe que la respuesta busca diluir responsabilidad, la reputación sufre un daño prolongado; Riorda advierte que la opacidad y la actitud defensiva amplifican la crisis, erosionan confianza y trasladan el conflicto al terreno político y judicial.
Las sugerencias ciudadanas sobre qué hacer si se fuera asesor son instructivas: 31,6% pide mostrar documentos y comprobantes públicamente; 15,9% aconseja responder sin confrontar; 17,5% sugiere dar un paso al costado hasta aclarar. Estas opciones reflejan los principios riordianos: evidencia transparente, comunicación proactiva y sacrificar temporalmente el cargo para proteger la institucionalidad. Ignorar estas salidas —optar por la contención técnica o la delegación exclusiva a la justicia— no satisface la demanda simbólica de transparencia que plantea la lógica del escándalo descrita por Cabas.
Conclusión práctica: el caso ilustra cómo la combinación de una opinión pública predispuesta, alta visibilidad mediática y una respuesta percibida como evasiva convierten una denuncia en escándalo prolongado. La única ruta plausible para mitigar el daño, según las teorías citadas y las preferencias ciudadanas recogidas por la encuesta, es una estrategia basada en: transparencia probatoria inmediata (publicar comprobantes), comunicación empática y sin tecnicismos, y medidas institucionales que muestren prioridad por la ética pública (licencia, renuncia temporal o investigación independiente). Sin ello, el #AdorniGate seguirá alimentando la narrativa de impunidad que más castiga en la arena pública: la pérdida de legitimidad.
* Director de Zuban Cordoba y asociados.
