AUSTIN / JOHANNESBURGO - Al asumir la presidencia del G20 en diciembre, Sudáfrica eligió como lema “solidaridad, igualdad y sostenibilidad”. Lejos de ser un eslogan vacío, esa visión refleja los principios sobre los que debe apoyarse cualquier respuesta internacional seria a la actual crisis alimentaria global.
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Impulsada por el cambio climático, los conflictos y la desigualdad, la inseguridad alimentaria está en aumento en todo el mundo. Las herramientas para enfrentarla ya existen: el desafío es reunir la voluntad política necesaria para aplicarlas. La presidencia sudafricana del G20 representa una oportunidad única para hacerlo.
Brasil ofrece un modelo valioso. En los últimos dos años logró sacar a 40 millones de personas de la inseguridad alimentaria, saliendo del “mapa del hambre” de las Naciones Unidas. Para conseguirlo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva restableció políticas eliminadas por Jair Bolsonaro, fortaleció los programas de alimentación escolar comprando a pequeños productores e indígenas, aumentó los salarios mínimos y reconoció por ley el derecho a la alimentación.
Ninguna de estas medidas es experimental. Son políticas probadas y efectivas, y su éxito demuestra que eliminar el hambre no depende de innovaciones tecnológicas, sino de coraje político.
Cuando Brasil presidió el G20 el año pasado, buscó proyectar esos logros al ámbito internacional, lanzando la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Sin embargo, los resultados concretos siguen siendo limitados, ya que muchos de sus miembros —especialmente los bancos multilaterales de desarrollo (BMD)— continúan promoviendo soluciones técnicas y de mercado que priorizan los derechos de propiedad corporativos por sobre las necesidades humanas básicas.
En lugar de lanzar nuevas iniciativas, el G20 debería consolidar y ampliar los programas que ya demostraron eficacia. El Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU ofrece un espacio inclusivo y sólido para el debate global. Lo que se necesita ahora es una agenda política concreta que permita a los líderes progresistas impulsar políticas nacionales contra el hambre.
Sudáfrica no dispone de mucho tiempo antes de entregar la presidencia del G20 a los Estados Unidos, el único miembro que nunca reconoció el derecho humano a la alimentación. Pero todavía puede promover herramientas clave:
1. Compra pública a pequeños agricultores para programas de alimentación escolar.
2. Reservas y mecanismos de estabilización de precios que protejan a consumidores y productores.
3. Políticas de protección social —salarios dignos, transferencias monetarias y beneficios universales— que garanticen dietas saludables.
4. Leyes que consagren el derecho a la alimentación, para que los gobiernos respondan ante su incumplimiento.
Igualmente importante es que los líderes del G20 comprendan que no deben subordinarse a las prioridades de los BMD. A través de sus asientos en los directorios de esas instituciones, ya tienen poder para redireccionar el apoyo internacional desde el agronegocio exportador hacia los sistemas alimentarios locales y la agricultura familiar resiliente al clima.
Si el gobierno sudafricano toma en serio la construcción de un sistema alimentario global más justo y sostenible, debe seguir el ejemplo de su sociedad civil, que lidera desde hace años la lucha contra el hambre. Más que nuevas rondas de diálogo, se necesitan compromisos públicos concretos que trasciendan la próxima presidencia estadounidense del G20.
Los responsables políticos de Sudáfrica parecen entender lo que está en juego. En la reciente cumbre de seguimiento del UN Food Systems Summit (UNFSS+4) en Addis Abeba, el ministro de Agricultura John Steenhuisen reafirmó el compromiso del país con la soberanía alimentaria. Por primera vez, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional reconoce la agroecología como camino hacia una agricultura sostenible, la biodiversidad y la resiliencia climática.
El Consejo de Investigación Agrícola fue encargado de elaborar un marco nacional de agroecología centrado en cultivos autóctonos.
Mientras la burocracia avanza lentamente, las comunidades locales no pueden esperar. Durante la pandemia, investigadores identificaron una red de 78 pequeñas productoras —en su mayoría mujeres— en la provincia de KwaZulu-Natal, que cultivaban frutas y hortalizas diversas. Al vender su excedente localmente, sostuvieron negocios en todo el distrito de uMgungundlovu, desde ferias y puestos informales hasta escuelas y mercados municipales.
Esa experiencia demuestra que los sistemas alimentarios locales sostienen tanto los medios de vida como a las comunidades. El hambre no se derrota en los foros internacionales: se combate en las cocinas, las escuelas y los campos. Para ganar esa batalla, los productores de base necesitan respaldo político y recursos.
El G20 debe afrontar la crisis alimentaria de frente o arriesgarse a perder lo que le queda de credibilidad. Sudáfrica puede liderar el camino colocando la justicia alimentaria en el centro de su agenda, y demostrando que “solidaridad, igualdad y sostenibilidad” no son ideales abstractos, sino condiciones esenciales para la supervivencia de la humanidad.
*Raj Patel es profesor investigador en la Universidad de Texas en Austin e integrante del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles. Refiloe Joala coordina el programa de soberanía alimentaria en la Oficina Regional de la Fundación Rosa Luxemburgo para África Austral.
Project Syndicate
