Estamos viviendo una época que se caracteriza por un alto grado de incertidumbre. Ella se alimenta desde varios sectores. La invasión rusa a Ucrania provocó una catástrofe humanitaria y puso en evidencia la impotencia de las Naciones Unidas para evitarla. No sabemos cuánto durará la guerra que Putin creía que sería de corto plazo. Tampoco podemos mensurar las consecuencias de las hambrunas que causará ni las crisis económicas que se van a producir por la situación energética y las consecuencias políticas y sociales que ya podemos avizorar.
No sólo la guerra nos llena de incertidumbre. Están a la vista las catástrofes que estamos sufriendo por el cambio climático: sequías, incendios e inundaciones incontenibles, pandemias y temperaturas insoportables, que evidencian como insuficientes las medidas que toman los países para evitar el calentamiento global. El reciente retiro de China de las conversaciones con los Estados Unidos sobre el tema agrava aún más la situación.
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El creciente desarrollo del narcotráfico en nuestro país nos coloca de cara a una realidad compleja. Lo que sucede en Rosario es una muestra de nuestra incapacidad para combatirlo y nos anticipa que la situación puede extenderse a otros lugares de la república.
Frente a este panorama de incertidumbre, tenemos algunas certezas. La Argentina no quedará al margen de lo que produce la guerra en el plano económico ni de las consecuencias del cambio climático que estamos experimentando. Tampoco del crecimiento mundial del narcotráfico.
En otro orden, nuestra economía no está en condiciones, ni lo estará en lo inmediato, de satisfacer de manera adecuada los requerimientos de equipamiento y personal que necesitan las Fuerzas Armadas y de Seguridad para cumplir con sus misiones asignadas frente a esta realidad, y estamos en una relación de desequilibrio por defecto con respecto a las Fuerzas Armadas de nuestros vecinos Brasil y Chile. Al mismo tiempo, ellas han sido requeridas, y lo serán en el futuro, para atender emergencias, como en el caso de su intervención ante el desarrollo de la pandemia que nos afectó hace poco. No había otra institución en condiciones de hacerlo.
Estamos gastando poco en defensa y seguridad porque nuestra economía está en crisis. Pero, además, estamos gastando mal. Una de las razones fundamentales para que esto ocurra es que sostenemos de manera tajante la separación entre los conceptos de seguridad y defensa. En función de ello, existen redundancias carentes de toda justificación entre nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, superabundancia de burocracias administrativas, duplicación de escuelas, caprichosa asignación de medios, falta de coordinación de tareas, etc. Terminar con todo ello permitiría destinar el ahorro a lo estrictamente operativo.
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Frente a la imposibilidad de destinar mayores recursos, es necesario que implementemos una mayor correlación entre nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, para mejorar las respuestas hacia los desafíos que el futuro nos plantea. Si se analizan de manera conjunta los presupuestos destinados a ambas áreas, podremos darle más racionalidad a su empleo.
A lo largo de los años, aumentamos el gasto en la burocracia ministerial, en perjuicio del gasto operativo de las fuerzas. Ministerios cada vez más grandes para fuerzas cada vez más pequeñas. Este camino no conduce a ninguna parte. Terminar con ello contribuirá a reducir el malgasto.
Un inteligente aprovechamiento de las oportunidades que nos brinda la evolución imparable de la cibernética en el ámbito de la defensa nos ayudará a recuperar terreno perdido, aumentando nuestra capacidad disuasoria a un costo más soportable que la inversión en armamento convencional.
La guerra en Ucrania, y la crisis alimentaria consecuente, nos coloca frente a la necesidad de mejorar el cuidado de los recursos naturales y mejorar el control y vigilancia de nuestras fronteras fluviales, marítimas y terrestres.
Las catástrofes naturales que pueden sobrevenir nos obligan a tener previstas respuestas para la emergencia. La expansión del narcotráfico hace necesario mejorar la lucha contra él, conscientes que la estamos perdiendo de la manera en que la estamos llevando a cabo.
En todos los casos, y frente a la escasez de personal y equipamiento, la coordinación de las acciones entre las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas es una necesidad y un camino para reducir las consecuencias que nos produce la crisis económica. No se trata de transformar soldados en gendarmes ni marinos en prefectos. Pero sí de diseñar mecanismos de coordinación y empleo de nuestros menguados elementos, que permitan mitigar los padecimientos que sufrimos por culpa de nuestra decadencia como nación.
Necesitamos colocar como prioridad en nuestras discusiones, en el ámbito parlamentario, la búsqueda de los consensos en estos temas, única manera con la que podemos dar respuestas a las incertidumbres con las que nos aguarda el futuro, relegando también al pasado ideas obsoletas que tienen que ver con ideologías perimidas o con cuestiones de conveniencias políticas de corto plazo.
*Horacio Jaunarena, director del Centro de Estudios para la Defensa (CEDEF) y exministro de Defensa de la Nación
