Si hubiera que resumir el momento actual con una imagen, diría que la economía argentina avanza a dos velocidades. Es una imagen, claro, pero describe una realidad cada vez más evidente: mientras algunos sectores muestran una recuperación significativa, otros continúan enfrentando enormes dificultades para sostener su actividad.
El agro, la minería, la energía y otras actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales concentran inversiones, exportaciones y una contribución creciente al nivel de actividad económica. En cambio, la industria, el comercio, la construcción y buena parte del entramado pyme continúan perdiendo dinamismo.
No se trata simplemente de sectores que evolucionan de manera diferente. Empieza a configurarse una dualidad estructural: el dinamismo se concentra en actividades de alta productividad, pero con una menor capacidad relativa para generar empleo directo; mientras una parte importante del aparato productivo encuentra cada vez más dificultades para acompañar ese proceso.
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Una economía que empieza a dividirse
Ése no es solamente un problema de crecimiento o desarrollo económico, sino un desafío político mayúsculo. Cuando el crecimiento deja de irradiar hacia el conjunto del tejido social y se transforma en una economía de rentas basadas en recursos naturales, aparecen riesgos económicos y políticos severos. Un riesgo es la vulnerabilidad macroeconómica ante la volatilidad de los precios internacionales y la apreciación cambiaria que asfixia a los otros sectores, no porque sean intrínsicamente ineficientes, sino porque no pueden igualar la competitividad de los sectores que explotan recursos naturales. Otro desafío es la concentración de la distribución del ingreso. Si los sectores ganadores son capital intensivos, lógicamente se concentra la renta en los aportantes de capital.
Por otra parte y en términos políticos, el otro riesgo es institucional: la discusión pública deja de centrarse en cómo ampliar la capacidad productiva del país y pasa, progresivamente, a concentrarse en quién captura esa riqueza y cómo se distribuyen sus beneficios. Cuando eso ocurre, se disparan los incentivos para el comportamiento rentístico, aumentan las tensiones corporativas, se debilitan las instituciones y se erosiona la cohesión que necesita toda democracia para sostenerse.
La ruptura del funcionamiento armónico que debe tener el estado de derecho siempre tiene consecuencias económicas. Nunca es neutro ni los capitales son indiferentes a lo que pasa en un país cuyo sistema judicial se muestra permeable y dependiente, o que no invierte en la innovación y la ciencia como pilares del desarrollo.
Los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborados por el INDEC, muestran que esta advertencia ya no es teórica. En abril, la actividad creció un 1,6% interanual. Sin embargo, detrás de ese promedio anestesiado, la minería y energía avanzaron un notable 17,1%, mientras la industria cayó un 2,9%, el comercio retrocedió un 3,2% y la construcción volvió a registrar una contracción del 1,8%. El crecimiento del nivel de actividad general existe, es real, pero está fragmentado. No alcanza a todos y peor aún, se presentan sectores con evolución de su nivel de actividad con signos opuestos. Mientras un crecen, otros caen.
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Cuando el crecimiento deja de incluir
Esta asimetría socioproductiva se traslada de forma directa al mercado laboral. Distintos estudios económicos vienen describiendo una recuperación económica profundamente desigual, donde la destrucción de puestos de trabajo en el entramado pyme y en los sectores urbanos productores de bienes transables va más rápido que la generación de empleo en los nuevos enclaves productivos mineros o energéticos. El empleo formal se estanca o se refugia en el cuentapropismo y la informalidad, resintiendo los ingresos de las actividades que históricamente sostuvieron a la clase media y al mercado interno. El problema de fondo ya no es solamente cuánto crece la economía, sino qué sectores están creciendo y cuáles están quedando irreversiblemente atrás. El desafío es transformar el dinamismo de algunos sectores en oportunidades para toda la economía
Esta discusión tampoco es exclusivamente argentina. El reciente informe de la CEPAL sobre inversión extranjera en América Latina confirma que la región está captando crecientes flujos de capital vinculados a los recursos naturales. Pero, lejos de celebrar ese fenómeno sin matices, advierte que ninguna estrategia de desarrollo puede descansar únicamente sobre la llegada de capitales en enclaves productivos protegidos. La inversión sólo genera desarrollo genuino cuando logra derramarse sobre el conjunto de la economía: creando proveedores locales, promoviendo innovación, fortaleciendo capacidades tecnológicas, formando recursos humanos y diversificando la matriz productiva. El verdadero desafío no es atraer inversiones, sino lograr que esas inversiones transformen la estructura económica y amplíen las oportunidades para toda la sociedad.
Argentina registra sus peores índices en la cuenta de la inversión extranjera directa a diferencia de lo que pasa en otros países de la región que han escalado y muestran, razonablemente, mejores tasas de crecimiento. Eso ocurre pese a las importantes ventajas que se ofrecen a grandes inversiones pero parece que la sola idea es atraer (lo que tampoco estaría llegando de acuerdo a lo esperado) sin que ello sea acompañado de una estrategia integral para paliar nuestros déficits estructurales.
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Las rentas no reemplazan al desarrollo
Y es justamente allí donde aparecen las mayores contradicciones del modelo actual. Mientras el discurso oficial celebra los anuncios de grandes proyectos, se debilitan las instituciones y los bienes públicos que permiten transformar esa riqueza en desarrollo de largo plazo. Las universidades nacionales atraviesan una crisis presupuestaria asfixiante, el sistema científico pierde investigadores clave por la brutal caída del salario real del sector, y retrocede la inversión en ciencia y tecnología. Resulta difícil imaginar una estrategia de desarrollo sustentable basada en actividades intensivas en conocimiento mientras se deterioran las principales herramientas para producir ese conocimiento.
Los incentivos o beneficios otorgados a los sectores protegidos, como por ejemplo la importación sin aranceles de bienes o servicios que ya se producen localmente, atentan justamente sobre el impacto positivo que esos enclaves pueden tener sobre la economía local. Los sectores protegidos aportan divisas que bajan el tipo de cambio real y con ello aumenta la probabilidad que las cadenas de valor locales no puedan competir con las extranjeras. Así, el multiplicador de las actividades protegidas es mucho menor que el posible.
Para evitar caer en el fenómeno conocido como la "enfermedad holandesa" —donde la abundancia de divisas aportada por el o los sectores “ganadores” aprecia el tipo de cambio y liquida la competitividad del resto de los sectores—, la literatura económica, la experiencia internacional y los especialistas sugieren que el desafío ya no consiste únicamente en desregular para atraer capitales, sino en administrar con rigurosidad las consecuencias macroeconómicas de ese propio flujo. No se trata de postergar el desarrollo de sectores vinculados a los Recursos Naturales. Se trata de hacerlo mitigando adecuadamente los efectos negativos Si se avanza con una apertura a ciegas sin nivelar la cancha para las actividades que sostienen el trabajo local, el resultado inevitable será un aumento del desempleo en los grandes aglomerados urbanos, profundizando la crisis social y demostrando la inviabilidad política y humana de este modelo.
Por eso, aún la ortodoxia económica más seria propone mecanismos institucionales específicos para administrar esta abundancia con una mirada de largo plazo. El diseño de fondos soberanos anticíclicos, como los que implementaron exitosamente Noruega y Chile, permite transformar parte de esas rentas extraordinarias en ahorro para mitigar la volatilidad de los precios de las commodities; una herramienta que debería complementarse con fondos provinciales bajo reglas claras y nuevos acuerdos fiscales interprovinciales que prioricen el desarrollo estructural antes que la urgencia de la caja de corto plazo.
Cuando el crecimiento deja de ser un proyecto compartido
Tal vez allí resida la discusión de fondo que la política argentina todavía no está dando por estar enredada en la coyuntura. Nadie discute que los hidrocarburos no convencionales, el litio, el cobre o el agro representan una oportunidad histórica indiscutible. Pero esa oportunidad solo será tal si deja de ser concebida como un mero enclave de exportación primaria y se transforma en un proyecto integrado, que se entrelace de manera obligatoria con la matriz productiva regional, la transferencia tecnológica, el compre nacional y el estricto cuidado ambiental de los territorios. La verdadera pregunta que debería formularse una sociedad democrática, es otra: ¿cómo evitar que esta oportunidad que enfrenta nuestra economía consolide o incremente el bienestar solo de una parte de los argentinos vinculados a las cadenas de valor protegidas?
La historia mundial y la latinoamericana en particular están llenas de países ricos en recursos naturales y pobres en desarrollo; de economías que crecieron estadísticamente mientras se deterioraban el empleo de calidad, la movilidad social y la confianza en las instituciones. La Argentina no debería repetir ese camino de frustración. El desafío no consiste únicamente en aprovechar una ventana de oportunidad extraordinaria, sino en lograr que esa riqueza fortalezca las capacidades nacionales y consolide instituciones capaces de sostener un desarrollo inclusivo. Ninguna democracia sale fortalecida cuando el crecimiento deja de ser un proyecto compartido para convertirse en el privilegio de unos pocos sectores.
La verdadera Libertad
Desde hace ya varios años, la polarización extrema, los antagonismos inútiles y a veces forzados para la tribuna, por falta de diálogos para la construcción de consensos básicos (o siquiera para mantener los que hemos tenido), viene condenando a la Argentina a sucesivas frustraciones. Las consecuencias económicas, la pérdida del crecimiento y el descontento social de la mano de la pérdida de credibilidad en las instituciones, han venido de la mano de decisiones políticas equivocadas y más bien guiadas por sentimientos de confrontación.
A eso, durante el último gobierno se ha sumado un discurso de odio realmente increíble para una sociedad democrática. Ello en el marco de una repetición flagrante y grave de la instalación de una nueva casta que se instala nuevamente para reforzar el estado patrimonialista que les permite el enriquecimiento personal (Adorni, Insaurralde, solo ejemplos). Prevalece la idea de un gobierno y un país para pocos.
Entonces la libertad no deja de ser un cuento. Porque la verdadera libertad es que todas las personas puedan elegir. Nadie es libre si no tiene acceso a cubrir sus necesidades básicas. No hay libertad plena en una sociedad desigual.
Un modelo de crecimiento económico solo es exitoso si su motor principal es el desarrollo del capital humano y si sus beneficios se distribuyen de forma equitativa. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino el medio indispensable para garantizar la libertad real de la ciudadanía.
No hay libertad para invertir si eso no se traduce en la creación y distribución de oportunidades, para que la prosperidad se justifique en un proyecto compartido.
Un país no crece primero para repartir después y solamente lo que sobra a los que cobran primero. Lo hace cuando incluye, educa y promueve el capital humano para toda su población.
