Ayer juró Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Es el vigésimo primero desde la creación del cargo, incorporado a la Constitución en la reforma de 1994, fruto del Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Conviene detenerse un instante en ese dato porque ayuda a entender el presente.
La figura del jefe de Gabinete fue concebida por Alfonsín con una idea muy precisa: introducir un elemento de racionalidad parlamentaria en un sistema presidencialista. Se buscó crear una especie de administrador general del Estado, un funcionario sometido al control del Congreso y capaz de absorber parte del desgaste político del Presidente, como ocurre con los primeros ministros en muchos sistemas europeos.
Javier Milei le tomó juramento como nuevo jefe de Gabinete a Diego Santilli junto a Manuel Adorni
La historia, sin embargo, tomó otro camino.
Salvo, quizás, Eduardo Bauzá, el primer jefe de Gabinete de la historia argentina, resulta difícil encontrar un funcionario que haya ejercido plenamente ese papel. Por ese despacho pasaron Alberto Fernández, Jorge Capitanich, Sergio Massa, Marcos Peña, Santiago Cafiero, Guillermo Francos, Nicolás Posse, Manuel Adorni y tantos otros. Algunos permanecieron más tiempo, otros apenas unos meses, pero el cargo terminó convertido, en la mayoría de los casos, en una herramienta política del Presidente de turno y no en la institución que imaginó la reforma constitucional.
Por eso la llegada de Diego Santilli merece una lectura diferente a la que intentó instalar el oficialismo.
No estamos frente a una renovación producto de un diseño estratégico del Gobierno. Nadie se reunió para preguntarse cómo mejorar la gestión del Estado y concluyó que Santilli era la mejor alternativa. La secuencia fue exactamente la inversa. Primero apareció una crisis política, luego se produjo la salida de Manuel Adorni y, finalmente, llegó el reemplazo. Es decir, Santilli no es consecuencia de un plan; es consecuencia de una crisis.
Sin embargo, como suele ocurrir en la política argentina, un cambio obligado intenta presentarse como un relanzamiento.
La presencia de catorce gobernadores durante la jura funcionó como una señal de respaldo institucional. Naturalmente, el Gobierno necesitaba mostrar estabilidad después de semanas turbulentas. Pero una fotografía, por importante que sea, no modifica la naturaleza de los problemas.
Esta mañana Joaquín Morales Solá definía a Santilli como “un acróbata sin muchos enemigos”. La descripción probablemente sea correcta. Santilli posee una característica poco frecuente en la política argentina: mantiene vínculos razonables con sectores muy distintos entre sí. El propio funcionario, según trascendió, les aseguró a distintos interlocutores que una de sus prioridades será pacificar la política. Suena bien.
El problema es que resulta extremadamente difícil creer que eso sea posible.
No solamente porque la política atraviesa un proceso de polarización prácticamente en todo el mundo. Basta observar lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa o incluso en países históricamente moderados como Canadá para advertir que la confrontación dejó de ser una excepción y pasó a convertirse en la regla.
Existe además un problema específico del gobierno de Javier Milei.
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El conflicto no parece ser una consecuencia accidental de su administración. Parece formar parte de su identidad política. El Presidente construyó su liderazgo enfrentándose a la dirigencia tradicional, a los sindicatos, al periodismo, a las universidades, a los gobernadores y, en general, a cualquiera que cuestione sus decisiones. Esa lógica confrontativa no es un desvío; constituye uno de los pilares sobre los cuales edificó su capital político.
Por eso cuesta imaginar que un jefe de Gabinete, por más capacidad de diálogo que tenga, logre modificar una dinámica que nace en la propia conducción presidencial. Cuando el conflicto forma parte del ADN político de un gobierno, resulta ingenuo pensar que un cambio de nombres pueda alterar esa esencia. Mientras tanto, otro asunto comienza a ganar relevancia.
Eduardo van der Kooy publicó esta mañana una información muy delicada respecto de Manuel Adorni. Según el periodista de Clarín, en el Gobierno existe preocupación por el avance de la causa judicial que lo involucra y consideran inminente un pedido de indagatoria impulsado por el fiscal Carlos Pollicita ante el juez Ariel Lijo. Siempre según esa versión, Javier Milei y Karina Milei habrían comenzado a evaluar algún destino diplomático que le otorgue resguardo político, posiblemente mediante un consulado en el exterior.
Habrá que ver si esa hipótesis finalmente se confirma y, sobre todo, qué avanza primero: la decisión judicial o una eventual designación diplomática. En cualquier caso, el escenario permite entender mejor el contexto en el que desembarca Santilli.
No llega para inaugurar una etapa distinta. Llega para administrar una transición forzada, contener una crisis política y transmitir una sensación de normalidad. Y esa, probablemente, sea la principal diferencia entre una transformación y un simple recambio.
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Los gobiernos suelen presentar los cambios de gabinete como el inicio de una nueva etapa. Pero la experiencia argentina demuestra que cambiar los nombres no necesariamente modifica el rumbo. La verdadera discusión no pasa por quién ocupa el despacho de la Jefatura de Gabinete, sino por quién toma las decisiones y cuál es la lógica política que las inspira.
Mientras esa lógica continúe siendo la confrontación permanente, resulta difícil pensar que un nuevo jefe de Gabinete, por hábil que sea, pueda alterar el funcionamiento general del Gobierno.
CS
