En las últimas semanas y en relación al proyecto de baja de la edad de imputabilidad penal volvió a propagarse en boca de funcionarios y comunicadores la consigna “Delito de adulto, pena de adulto”. La misma pretende ser el eco de una supuesta convicción social que pide la baja, para que se termine la “puerta giratoria” de la justicia. Como son menores, entran por una puerta y salen por la otra.
Es comprensible que quienes hayan padecido una situación delictiva y hayan sido víctimas de la misma, sobre todo en situaciones graves, experimenten la necesidad de que se “haga justicia”.
Pero lo que es difícil de comprender es que se repita sin fundamentos un eslogan que sostiene una propuesta que ha sido reiteradamente rechazada por diversos sectores de la sociedad con experiencia en el campo social y con probada evidencia científica (aunque últimamente las ciencias humanas y sociales parecen estar perdiendo su derecho a ser reconocidas como tales).
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“Delito de adulto, pena de adulto” es una sentencia que contradice los principios jurídicos de los tratados internacionales sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes que en nuestro país además tienen rango constitucional. Es también una afirmación que desconoce totalmente la perspectiva psicológica del desarrollo evolutivo en la adolescencia, profundizadas hoy con el aporte de las neurociencias.
No deja de ser un slogan que se contrapone a los principios pedagógicos humanistas y reaviva en algunos la nostalgia de aquella educación que “enderezaba” a los desviados con castigos incluso físicos.
Y es además la desestimación del reconocimiento de una realidad que evidencia el crecimiento del narcotráfico en sectores excluidos, la falta de oportunidades educativas y laborales, el crecimiento de la violencia social, y un creciente número de niños, niñas y adolescentes en situaciones de extrema pobreza.
Todas las instituciones que han manifestado su rechazo a la baja, han propuesto la construcción de un Régimen Penal Juvenil con un enfoque integral. El rechazo a la baja no es una postura ingenua. Es necesario hacer algo, pero lo importante es hacerlo bien. Llama la atención que las coincidentes propuestas que se escucharon en el Congreso no hayan tenido ningún tipo de recepción en el Proyecto de ley presentado.
Así lo manifiestan en la reciente “Carta abierta a los legisladores” tres organismos de la Conferencia Episcopal Argentina (Caritas nacional y las Comisiones de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria), expresando claramente que: “Bajar la edad no baja el delito”. Las estadísticas lo confirman.
El posicionamiento de UNICEF es claro en materia Penal Juvenil, proponiendo no bajar la edad en los países que como el nuestro tiene el límite en los 16 años y subirla en aquellos que están por debajo.
Asociaciones de magistrados y funcionarios de organismos judiciales han manifestado también la necesidad de buscar un camino que resuelva los vacíos jurídicos que hay en la materia, lo que no implica bajar la edad como condición indispensable.
Entonces volvemos a preguntarnos.¿Por qué la necesidad de sostener la proclama “¿Delito de adulto, pena de adulto” y la urgencia de aprobar una Ley que no resolverá las cuestiones fundamentales de esta problemática?
¿Por qué no encarar la construcción de un proyecto que escuchando las voces de todos, alcance una propuesta que supere una visión meramente punitivita y rescate una mirada profundamente humana y humanizadora?
Las respuestas hoy tienen que darla los legisladores, pero también como sociedad necesitamos volver a consensuar los principios humanos y sociales, que más allá de los oportunismos de la política, hagan verdaderamente grande a nuestra Patria.
*Docente USAL
